SANTO DOMINGO.–El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) ha solicitado este miércoles al Ministerio de Medio Ambiente la revocación definitiva de la licencia a la barcaza eléctrica flotante Estrella del Mar II que se encuentra en el río Ozama por las violaciones ambientales que supone el mantenimiento de las operaciones habilitadas por esta licencia.
Esta acción coincide en el tiempo con la revisión del permiso ambiental que el Ministerio que dirige Orlando Jorge Mera está realizando actualmente por propia iniciativa para comprobar si la actividad de la planta perjudica los planes de saneamiento del río Ozama.
El documento recuerda la suspensión, en marzo de 2017, de la licencia y el requerimiento de reubicación de la planta fuera del Ozama por su peligro térmico ambiental, ya que la barcaza capta para sus operaciones agua del río y luego la vierte a una temperatura más alta, lo que supone una alteración al recurso hídrico. Sin embargo, las posteriores renovaciones de la licencia suspendida, incluso en plena pandemia de Covid-19, y la posibilidad de concesión definitiva por la Superintendencia de Electricidad, alertan a los demandantes que estas operaciones entran en contradicción “con los esfuerzos del Estado para su recuperación ambiental”.
INSAPROMA asegura que la actividad de la Estrella del Mar II viola varias disposiciones de la Ley No. 64-00 por los riesgos potenciales de contaminación que representa, como el trasiego de combustibles, la captura de agua a los fines de enfriamiento y su posterior vertido a temperaturas más elevadas y el deterioro y menoscabo, como consecuencia de la alteración y contaminación, de las aguas que fluyen por el río Ozama.
Por último, el requerimiento de INSAPROMA a Medio Ambiente para que revoque de forma definitiva la licencia a la planta eléctrica recuerda las diversas normativas que ha instado el Estado para la recuperación ambiental del río Ozama. Así, menciona la prohibición de descarga de residuos líquidos en el cauce fluvial, las actividades y operaciones de desguace de embarcaciones y la declaración de alta prioridad nacional de la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible del río, “algo totalmente inconcebible manteniendo operaciones como las que por la presente instancia se denuncian”, aseguran.
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