La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís no podría conocerle medida de coerción a la suspendida fiscal de esa demarcación, Margarita Hernández Morales, quien es investigada por presuntos actos de corrupción luego de favorecer con acuerdos penales abreviados a dos hombres que intentaron asesinar a sus exparejas.
La solicitud de medida de coerción hecha contra la fiscal de carrera Hernández Morales, quien es procuradora fiscal y estuvo a cargo de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de San Pedro de Macorís hasta el pasado mes de septiembre cuando fue sometida a investigación luego de que Yasmil Oscar Fernández asesinara a la abogada Anibel González, debe ser conocida por la Corte de Apelación de esa demarcación, según lo establece la Constitución de la República.
En el artículo 59 de la Carta Magna, inciso 2, se establece como atribución de la Corte de Apelación “conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios”.
En tal sentido, la audiencia de conocimiento de la medida de coerción aplazada para el lunes a las 9:00 de la mañana, a fin de que los abogados de la funcionaria pública, conozcan el expediente, debería ser declinado a la Corte ya que Atención Permanente es un tribunal de primera instancia.
A Hernández Morales se le imputa por corrupción, asociación de malhechores y falsificación de documentos.
Las actuaciones del Ministerios Público contra la miembro de esa entidad se producen luego de que el pasado lunes, Juana Domínguez Salas fue asesinada por su pareja Johan Ramírez, quien había intentado matarla en el año 2017 y en el 2018 fue beneficiado con un acuerdo penal abreviado para ser condenado a tres años de prisión suspendidos a un año y seis meses.
FUENTE:diariolibre
