En la resolución de medida de coerción, el juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) argumentó que en ese caso, independientemente de la característica, “no procede imponer la medida de coerción más grave, que es la prisión preventiva, toda
vez que el imputado presenta presupuesto suficiente para garantizar su presencia a los actos de proceso que se le sigue, todo esto corroborado con su actitud de comparecer a todos los actos de investigación cursados hasta el momento en el caso que se le sigue”. En cambio, le impuso de presentación periódica cuando lo requiera el ministerio público.
La primera prueba que presentó el exviceministro de la Juventud ante el juez para justificar su arraigo fueron los certificados de propiedad de tres apartamentos, ubicados en el residencial Torre Sesqui, en el sector Evaristo Morales.
La lista de documentos depositados por el exfuncionario incluye una copia de las matrículas de 2 vehículos, un automóvil, marca audi, y una jeepeta Gran Cherokee, ambos del año 2012.
Además, una certificación del cargo de viceministro de la juventud, en la que se hace constar que devengaba un salario de RD$200,000.00. Igualmente, certificaciones de varios bancos sobre las cuentas y tarjetas de créditos y original de 3 registros mercantiles expedidos por Supreme Studios, S.R.L Soluciones Grupo Consultor R.G.R.L, y Lexdom Buro Legal, S., a.
A esto se suman certificaciones de los clubes de los que es socio, de estudios de educación superior realizados tanto en el país como en el extranjero, así como de reconocimientos recibidos, cuyos elementos probatorios fueron presentados a través de los abogados Marcos Abelardo Guridi Luis Péláez Esterlin, sus representantes legales en el proceso.
Designación
Odalis Junior Ledesma Hernández fue designado como viceministro de Políticas Públicas de la Juventud el 15 de septiembre del 2012, mediante el decreto 533-12.
Ledesma Hernández fue destituido este viernes por el presidente Danilo Medina a través del decreto 340-18, de fecha siete de septiembre del 2018, lo cual se produjo después que el juez de instrucción especial de la SCJ le había impuesto medida de coerción por acusación de abuso sexual.
La medida de coerción fue emitida el 20 de julio del 2018, según consta en el fallo del juez de la SCJ, pero fue conocida ayer por un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, a través de su departamento de Comunicaciones.
El ministerio público había solicitado un año de prisión preventiva, argumentando las graves acusaciones que pesan en su contra, pero el magistrado Hiroito Reyes solo le impuso presentación periódica las veces que lo requiera el ministerio público.
El caso fue instruido en la jurisdicción privilegiada de la SCJ por ser el imputado un viceministro, pero al ser destituido deberá ser declinado a la jurisdicción ordinaria.
Fuente; listindiario.com
