POR: EDDY PEREYRA ARIZA
El derecho a una vivienda digna o adecuada es consagrado en la Constitución de la República cuando establece que: “toda persona tiene derecho a una vivienda digna con sus servicios básicos esenciales”. De manera que, las personas son portadoras de derechos, que deben ser reconocidos y protegidos por el Estado.
En el país, las desigualdades sociales en materia de vivienda han sido persistentes, muy a pesar de que el derecho ciudadano de acceso a una vivienda propia debe constituir una prioridad en la actuación de los poderes públicos, ya que instituye una necesidad social de primer orden.
Uno de los propósitos esenciales de la política social del programa de gobierno del presidente Luis Abinader, es resolver el problema de la vivienda, especialmente de los grupos poblacionales más inseguros, con menos posibilidades, a fin de romper con el círculo de pobreza y de exclusión social.
Abinader cumplió la promesa de crear el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) designando a Carlos Alberto Bonilla, un joven ingeniero egresado de las universidades INTEC y Escuela de Negocios de Harvard.
El plan del presidente, enfocado en el derecho de la ciudadanía, se encauza en las necesidades reales de viviendas por parte de la población, aunque no haya una demanda explícita o no se disponga de recursos económicos para adquirirla.
Pero esta política enfrenta un déficit habitacional de carácter social con componentes de tipo cuantitativo y cualitativo. Cifras de estudios de la ONE-CELADE y la Organización Global para el Desarrollo (Oxfam) precisan que el déficit habitacional cualitativo sobrepasa el millón y el cuantitativo los 400 mil. De su parte, Susy Gatón, expresidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) con sus credenciales profesionales, aseguró que esa deficiencia sobrepasa holgadamente el millón de unidades. “Ese déficit va creciendo en un promedio de 50.000 a 60.000 viviendas por año”.
Una de cada cuatro personas o veinticinco de cada 100, viven en condiciones precarias. Para enfrentar esta grave situación, Abinader emprende una aguerrida política de vivienda a fin de reducir el déficit habitacional, facilitar financiamiento, proponer soluciones habitacionales económicas y mejorar los asentamientos humanos existentes, combinando recursos público-privado.
Esta política que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial, con un activo papel del Estado en su rol de facilitador, regulador y rector, ha arrancado con el Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz”, programa orientado a facilitar la adquisición de una vivienda propia a familias con dificultades para adquirirla.
Este ambicioso plan de construcción de vivienda social proyecta unas 11 mil en el primer año y un total de 62,000 en los primeros cuatro años de gobierno.
Simultáneamente, el plan “Mi Vivienda”, que tiene en su pulso Carlos Bonilla, dirigido a reducir el déficit habitacional, beneficiaría cerca de 25 mil personas y dinamizaría el sector construcción. En palabras del presidente, “hay casos en que el gobierno asumirá hasta el 60% del costo de la vivienda”.
El nuevo ministerio tiene muchos retos, como el de regularizar todas las viviendas que fueron construidas del 1966 al 2020 para otorgar los títulos de propiedad. También, la realización de una medición cuantitativa actual, transparente y creíble con sus ajustes metodológicos. Finalmente, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
En este primario Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. se podrá desvelar la tragedia oculta de las más profundas desigualdades y ni hablar de la ausencia de planificación de las ciudades o el déficit social acumulado.
Lo muy favorable es que estamos asistiendo al nacimiento de una política pública de viviendas y al resurgimiento de la industria de la construcción, caracterizada por reactivar la economía y su aporte a la generación de empleos directos e indirectos.
