Santo Domingo
La Procuraduría General de la República informó ayer que durante la continuación de las investigaciones en torno a los sobornos que por 92 millones de dólares la empresa Odebrecht admitió haber pagado en el país, el Ministerio Público ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también ha realizado el análisis de miles de documentos.
Precisó que en el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas, además de que los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. “Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”, indicó en una declaración escrita.
Indica que “como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización; las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas”. Destacó que, sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se le soliciten y por el momento, sin que signifique que haya comprometido su responsabilidad penal.
“Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso”, añadió la Procuraduría.
Recordó que el Código Procesal Penal consigna que en la fase actual estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial. “Advertimos, que salvo autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito. Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de prueba o se presente acusación formal”, añadió.
Explicó que el Ministerio Público cumple ese mandato legal al pie de la letra y de este modo también respeta la moral de las personas y su presunción de inocencia. Además, en virtud de esa disposición y para evitar distracciones, refiere que ha continuado avanzando en la profundización de las investigaciones en completo sigilo.
“Las investigaciones penales deben efectuarse con cuidado, perseverancia y dedicación. El discurrir de esos procesos determina a quién llamar y cuándo hacerlo. No se puede perder de vista que el caso Odebrecht es el de mayor complejidad en toda la historia del sistema de justicia dominicano”, expresa la declaración de prensa.
