SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El diputado Tobías Crespo, del Partido Fuerza del Pueblo, dijo que el Gobierno quiere privatizar todo lo que es público, «regalar» los bienes del Estado a un tercero a través del mecanismo Alianza Público Privada (APP) y el Fideicomiso.
Indicó que la Ley de la APP manda a licitar, a concurso, no se puede asignar de manera discrecional, y manda a los controles de la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas y a Compras y Contrataciones.
“Y es ahí es que inserta la figura del Fideicomiso mezclado con la ley de Alianza Público y Privada, para tener un Gobierno paralelo”.
Destacó durante su participación en el programa de televisión Noticias 22, por el canal 45, que el objetivo es llevar un patrimonio autónomo a través de la fiducia del Banco de Reservas “y así decir que es un patrimonio público, pero que al final es privatizando”.
Asimismo, Crespo señaló que en el caso de Pro pedernales, Cabo Rojo, se mandó a transferir 362 millones de metros cuadrados a la Fiducia, y luego se le da una autorización para que ésta la transfiera a un tercero, sin decir el precio.
“Y ya ahí se hace la transmisión de la propiedad del Estado al tercero a través del Banco de Reservas y los costos de la trasmisión de la propiedad lo cubre el Estado”, explicó el legislador de la Fuerza del Pueblo.
Subrayó que al final o después de 20 o 30 años el patrimonio residual “lo que queda, la piltrafa, pasa al Estado, ya que el tercero no invierte”.
Dijo que la Fiducia da una garantía al tercero a través del Banco de Reservas y «es por eso que digo que el tercero no invierte».
Puso como ejemplo el caso de Pro Pedernales, donde se están construyendo dos hoteles con el dinero del Estado y después se transferirá a un tercero a través de un vehículo jurídico, que tiene el Fideicomiso, para que se quede con la propiedad.
El Fideicomiso Público
El presidente Luis Abinader promulgó el pasado viernes 17 de mes, la Ley de Fideicomiso Público, figura que establece un marco legal para su organización, estructura y funcionamiento.
Esta ley especifica que la constitución de los fideicomisos públicos estará sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo mediante decreto y deberá cumplir con el artículo 128, numeral 2 de la Constitución de la República en casos específicos, dijo un comunicado de Presidencia.
También garantiza que las compras y contrataciones públicas en el marco del fideicomiso público se rigen por la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, Obras y Concesiones, y sus modificaciones, asegurando una “gestión eficaz y responsable” de los fondos públicos.
En cuanto al acceso a la información, la ley establece un precedente al exigir que todas las informaciones contenidas en el Contrato de Fideicomiso u otros actos sujetos a registro público sean reveladas por el Fideicomitente a través de su respectivo Departamento u Oficina de Acceso a la Información Pública, conforme a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, dijo la información.
La supervisión y regulación de los fideicomisos públicos recaerá en el ente gubernamental participante en el fideicomiso, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores, según corresponda, en función del objeto del fideicomiso. Esta estructura de supervisión garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
La norma en cuestión también aborda las sanciones administrativas, estableciendo un sistema de clasificación de infracciones en muy graves, graves y leves.
La Superintendencia de Bancos tendrá la facultad de imponer sanciones a las fiduciarias, siguiendo los criterios establecidos en la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
La promulgación de esta ley marca un hito en la historia de la República Dominicana y tiene el propósito de demostrar el compromiso con la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.-
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