SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a dos imputados acusados de agredir al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y miembros de la prensa, tras una visita sorpresa en el Centro de Retención Vehicular (Canódromo) y dictó un auto de no ha lugar para cinco.
El auto de no ha lugar a favor es de la exencargada del centro, Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.
Los que se enfrentarán al juicio de fondo son Natanael Ramírez y Starling Ramírez Sierra, por la calificación jurídica de golpes y heridas a los representantes de la prensa y al Defensor del Pueblo.
En las motivaciones, Mejía indicó que la fundamentación jurídica del Ministerio Público y la que se adhirió la defensa no amerita un fondo, debido a que no fueron golpes permanentes y que son curables de uno a 10 días.
Asimismo, dijo que el incidente debió ser evitado y que da lástima que llegara a los tribunales un caso que debió ser resuelto de otra manera.
“Es lamentable que en un país de Estado democrático se den situaciones como ésta, no debió pasar ese incidente entre autoridades, solo era reconocer cuál era la función de cada quien, no debe actuar con agresividad, porque agresión genera agresión”, destacó el magistrado durante el fallo.
Bunel Ramírez, abogado de Los Santos, manifestó que la decisión el juez fue conforme a derecho y que éste envió un mensaje al Defensor del Pueblo, que no se comportó a la altura del cargo.
De su lado, la imputada, expresó que no desea que en el país se repita un incidente del que ella fue víctima.
En tanto, que la defensa de Ulloa, dijo que esperará la lectura de la sentencia que será el día 9 de febrero, para evaluar las motivaciones del tribunal.
“No estamos a toda luz conforme con lo que ha dictaminado el juez, puesto que ha valorado que hay personas de estas que no se le puede demostrar las imputaciones y que todo el que tuvo ahí tiene alguna participación”, agregó Roberto Quiroz, abogado de Ulloa.
Informó que con Alta probabilidad estarán recurriendo en apelación la decisión.
El Ministerio Público asegura que imputados agredieron a las víctimas, tanto de manera física como verbal, cuando se dirigían al despacho de la generala del Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).
Indican que el Defensor del Pueblo acudió al centro junto a personal de la institución que dirige y representantes de los medios de comunicación para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.
Detallan que cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de administración del Centro de Retención Vehicular, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes además agredió físicamente.
Luego, agredió físicamente a Pablo Ulloa, golpeándolo en la espalda y empujándolo agresivamente, causándole lesiones físicas curables de uno a diez días, según certificado médico legal.
Explican que posteriormente, continuaron las agresiones y que el imputado Javier Javier golpeó al secretario general de la Defensoría del Pueblo, provocándole lesiones, así como a una periodista de esa institución.
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