SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este miércoles que la razón por la que los partidos opositores “no votaron” por la aprobación del proyecto de ley de fideicomiso, se debió a disposiciones políticas, ya que en la parte técnica la comisión cumplió satisfactoriamente con las exigencias de dichos partidos.
“La razón básica por la que partidos de la oposición, fue razón política, porque razones técnicas no las hubo. En virtud de que cada uno de los requerimientos que hicieron los partidos de oposición fueron satisfechos en el trabajo de comisión en el que estuve participando activamente”, afirmó Pacheco.
Explicó que después de cumplir con todos los requerimientos establecidos para la aprobación de dicha ley, la bancada peledeísta se comprometió a realizar su voto y en el momento de dicho acto, cambiaron de opinión por una línea política de su partido.
“El Partido de la Liberación Dominicana, se comprometió a votar y hasta el momento de la votación, cuando iba a comenzar, ahí está mi colega y compañero, mi amigo Juan Julio Campos que es el vocero del PLD (…) Me comunicó, porque eso se estila en el Congreso, mire nosotros acabamos de cambiar la línea. Lamentablemente no vamos a votar”, indicó el congresista durante una entrevista en El Gobierno de la Mañana.
De igual forma, el presidente de la Cámara Baja, señaló que “lo propio ocurrió con la Fuerza del Pueblo que en principio como había sido una exigencia de ellos, también dijeron que iban a votar y al final determinaron que no iban a votar”, asegurando que ese es un derecho que tienen cada partido de votar o no, dejando clara que esa decisión de los partidos opositores no fue por falta de consenso o porque se hayan dejado de plasmar en la ley aspectos importantes para mejoría de la misma.
Recordar que el proyecto de Ley para la regulación de fideicomisos públicos que tiene por finalidad establecer una normativa para la regulación del fideicomiso público, su organización, estructura y funcionamiento, así como su capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras de infraestructura o de servicios de interés colectivo, fue propuesto por el Poder Ejecutivo el pasado 28 de febrero del 2022.
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