De acuerdo con sus antecedentes laborales del magistrado, llegó a trabajar como fue juez de paz. Tiene master en Derecho Penal, Constitucional y Judicial. Actualmente juez de instrucción, y profesor titular de la cátedra de Derecho Penal de la UASD.
República Dominicana: El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, tiene a su cargo conocer hoy una audiencia para decidir si otorga la prórroga de cuatro meses solicitada por el Ministerio Público para ampliar la investigación del caso de corrupción denominado Operación Coral.
Hace una semana este juez cumplió 41 años. Según su declaración jurada este nació el 6 de enero de 1981, en La Romana. Estudió derecho y luego entró a la Escuela Nacional de la Judicatura, en donde se formó para ser defensor público.
De acuerdo con sus antecedentes laborales del magistrado, llegó a trabajar como fue juez de paz. Tiene master en Derecho Penal, Constitucional y Judicial. Actualmente juez de instrucción, y profesor titular de la cátedra de Derecho Penal de la UASD.
Historial de casos llevados
El magistrado fungió como juez de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en donde tomó decisiones importantes en casos de corrupción y narcotráfico.
En agosto del año pasado, este juez declaró inadmisible un recurso de amparo interpuesto por Maxi Montilla, hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, que buscaba levantar el embargo de sus cuentas bancarias.
Estas cuentas fueron embargadas por el Ministerio Público, luego de que este fuera incluido en una investigación por supuestos actos de corrupción para obtener contratos fraudulentos con las Empresas Dominicana de Electricidad (EDE) y la empresa de Trasmisión Eléctrica Dominicana (ETED).
Asimismo, en octubre del año pasado, este juez declaró inadmisible una acción de amparo del diputado Héctor Darío Féliz Féliz, implicado en el caso de narcotráfico y lavado de activos judicializado luego de la llamada Operación Falcón. Con esa acción el legislador procuraba la devolución de bienes que le fueron embargados a raíz de la investigación.
También ha emitido sentencia por difamación e injuria en contra de polémicos “comunicadores” y abogados.
¿Concederá la prórroga?
En la audiencia de hoy el juez Raymundo Mejía pretende escuchar las razones que movieron a los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a solicitar una prórroga de cuatro meses para ampliar la investigación de la presunta red de corrupción liderada por el mayor general Adán Cáceres, desmantelada mediante la Operación Coral.
Durante la audiencia, los representantes las defensas de los imputados deberán fijar su posición y argumentar si no están de acuerdo con que a la Pepca se le dé más tiempo.
El procurador adjunto, Wilson Camacho, confía en que el tribunal acoja la solicitud que hicieron y le autorice el plazo que le solicitó la Pepca. Con el tiempo requerido quieren profundizar en las investigaciones y completar las nuevas líneas de investigación que han surgido, a fin de llevar ante la justicia a cada involucrado en la presunta trama corrupta.
La red Coral
Las investigaciones de la Pepca establecen que Adán Cáceres se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear una presunta red corrupta para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), institución que dirigía.
La alegada red de corrupción también se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). De acuerdo con la Pepca, en estas instituciones se incluían en la nómina a militares y policías que se prestaron para hacer desfalcos millonarios a cambio de pequeños montos de ganancia. Supuestamente, la red utilizó instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero sustraído del erario público.
Entre los procesados figuran Adán Cáceres, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y su madre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez. Además del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, que colaboró con la investigación del Ministerio Público.
Fuente: https://www.diariolibre.com
