La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, valoró hoy que la denuncia hecha por la señora Diolandita Cabrera, madre de la asesinada niña Carla Massiel, sobre los presuntos cobros exigidos en el Ministerio de Educación para tramitar las prestaciones laborales a los desvinculados, fuera depositada en la Procuraduría General de la República.
«No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República; la hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia», señala la institución en un comunicado, en el cual precisa que la decisión de Cabrera llena de tranquilidad.
Precisa que a lo antes dicho también se le suma el sosiego generado por la declaración ofrecida por el Ministerio de Educación de colocarse, «como debe ser la acción inmediata del sector público, a disposición de los investigadores para contribuir con la misma».
«Es la práctica de sabernos dispuestos a la rendición de cuentas y el respeto al artículo 4 de la Constitución de la República Dominicana que consagra la independencia de los Poderes Públicos», expresa el comunicado.
Resalta que la denuncia de presunta extorsión a 39,500 servidores públicos con RD$30,000 cada uno, alcanza la suma de 1,185 millones de pesos, «es la más amplia, colectiva y silente extorsión masiva realizada en la República Dominicana».
«Solo un extorsionado o extorsionada es suficiente para justificar la denuncia de referencia cuya dimensión solo es comparable con los cobros de contribución a los partidos políticos impuestas a los servidores públicos en el pasado», recaló.
«No tenemos atribuciones judiciales. Esta denuncia está donde debe estar, en la Procuraduría General de la República; la hubiéramos acogido si se hubiera originado en el rumor público o en una denuncia, agrega.
Fuente: https://hoy.com.do
