SANTO DOMINGO.- Un grupo de 88 organizaciones de más de 21 países publicaron ayer una carta pidiéndole a la República Dominicana que frene la proyectada expansión de la Barrick Gold en Pueblo Viejo, Cotuí, mientras que 15 productores de joyas se unieron en una carta paralela haciéndose eco de las preocupaciones medioambientales procedentes de la sociedad civil.
Ambas msivias destacan las “serias preocupaciones sobre las amenazas a los derechos de las comunidades locales y el riesgo de daños ambientales significativos”, y cuestionan también que “el Gobierno y la empresa cumplan sus promesas de promover la sostenibilidad y la resiliencia climática, si se permite que continúe la expansión de la minera”.
Las comunidades afectadas y las organizaciones locales en República Dominicana se han opuesto a la expansión, y políticos y expertos locales han criticado los riesgos de la presa y su proyecta de relaves propuesta y los líderes religiosos han dado la alarma sobre la expansión.
Según Heriberta Fernández, del Centro Juan Montalvo, “la minería ha creado daños socioambientales irreparables en la República Dominicana”. Además, “el modelo extractivista viola los derechos fundamentales de comunidades y territorios. La propuesta amenaza cuencas hidrográficas de importancia crítica para la agricultura y no tiene una licencia social para operar desde las comunidades locales”.
Las cartas, firmadas por organizaciones de derechos humanos y de asistencia legal, organizaciones ambientales sin fines de lucro, grupos comunitarios afectados por la minería y productores de joyas, entre otros, se centran en los posibles impactos ambientales y de derechos humanos de la expansión, la falta de información disponible públicamente sobre el proceso de expansión, el agravamiento de la vulnerabilidad climática que causaría la expansión y las serias acusaciones de contaminación del agua en las operaciones de Barrick en la República Dominicana y en otros sitios de la minera.
Asimismo, destacan “los impactos potencialmente peligrosos de la instalación adicional propuesta para el almacenamiento de desechos de la mina, llamada presa de relaves, en las comunidades río abajo y las cuencas hidrográficas vitales”.
“Barrick afirma que se toma ‘en serio la sostenibilidad’ y los derechos de la comunidad, y el gobierno dominicano se ha comprometido a ser un líder internacional en justicia climática. La evidencia disponible sugiere que la expansión de la mina es irreconciliable con estas promesas y debe ser reconsiderada inmediatamente ”, dijo Sienna Merope-Synge de la Iniciativa de Justicia Climática del Caribe de NYU Global Justice Clinic, uno de los grupos que coordina la carta.
Las organizaciones que enfrentan los impactos ambientales dañinos de Barrick y el historial de derechos humanos empañado en otros países del mundo han respaldado las cartas, que argumentan que las acciones de la compañía en el extranjero arrojan serias dudas sobre su voluntad de defender los más altos estándares ambientales y de derechos humanos en la República Dominicana.
“En la mina Porgera en Papúa Nueva Guinea, Barrick vertió más de 6 millones de toneladas de relaves y 12 millones de toneladas de sedimentos de roca estéril en un río local, con permisos gubernamentales. Una organización de Papúa Nueva Guinea firmó la carta con un mensaje a las comunidades en la República Dominicana diciendo”, apuntan.
Las comunicaciones fueron presentadas a los ministerios dominicanos de Energía y Minas y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al director ejecutivo y presidente de Barrick Gold y al Presidente de la subsidiaria dominicana de Barrick antes de la reunión general anual de la compañía en Toronto.-
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
