El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud de la defensa de Víctor Díaz Rúa, de que fuera excluida del proceso informaciones financieras sobre algunas empresas de ese imputado que el Ministerio Público pretendía incorporar al juicio por los sobornos de Odebrecht.
Los abogados de Díaz Rúa interpusieron una objeción, alegando que las informaciones de la Superintendencia de Banco sobre las empresas de Víctor Díaz que se estarían incorporando la mañana de este jueves, fueron obtenidas por medio de una autorización ilícita, ya que la misma no establecía un plazo temporal para su ejecución, violentando los derechos fundamentales del imputado.
“No obstante a eso, la mayoría recibió el pedimento de la defensa, y como consecuencia de ello, se va a generar de cara al proceso, la exclusión del CD que contiene información financiera de diversas sociedades comerciales que pretenden ser utilizadas en perjuicio del ingeniero Víctor Díaz, y por efecto reflejo, toda la evidencia que se deriva de esa información ilícita”, explicó la abogada Laura Rodríguez.
Sin embargo, el Ministerio Público, en la persona de la fiscal Mirna Ortiz, advirtió que el Ministerio Público no se quedará de brazos cruzados. Advirtió que la decisión del tribunal será objeto de un recurso de oposición en la próxima audiencia que se realizará el próximo lunes, ya que los abogados del imputado Andrés Bautista pidieron la suspensión del juicio por compromisos “ineludibles”.
“El tribunal en principio dio un fallo inicial, estableciendo que por la orden no tener tiempo, violentaba los derechos fundamentales, pero todavía esa decisión está sujeta a un recurso de oposición del que el Ministerio Público hará uso en la próxima audiencia y ya verán cómo variarán las cosas”, advirtió la fiscal.
Mirna Ortiz explicó que la discusión de esta mañana se fundamentó en el hecho de que las defensas alegan la no existencia de autorización judicial vigente para la extracción de unos datos bancarios de Víctor Díaz Rúa. Pero dijo que “el Misterio Público pasó al tribunal la orden judicial emitida por Alejandro Vargas, que autorizó al Ministerio Público solicitar los datos relativos a esas empresas”.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió el fallo con el voto de las juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo, pero con el disidente de la presidenta Giselle Méndez.
A continuación, la transcripción de la lectura que hizo la magistrada Tania Yunes:
Todavía a la fecha de hoy esa orden pudiera ser utilizada porque no cuenta con un periodo para su ejecución en fecha, por lo que una persona que se encuentre sujeta a esa autorización judicial se encuentra, todavía a la fecha, desprovista o expuesta en sus datos a la intromisión de las autoridades, que en este caso ostenta el Ministerio Publico.
La constitución establece de forma clara que para la disminución o la intromisión de la intimidad de la persona o su privacidad necesitan una autorización de una autoridad competente.
La mayoría de este tribunal entiende que, si bien existe una orden judicial emitida por un juez, admitiendo la intromisión del órgano persecutor en los datos bancarios de una persona, ha faltado al no establecer, como lo haría con cualquier otra orden, un plazo para la ejecución de dicha diligencia, y si esa actuación viola un derecho fundamental nodal, como es el derecho a la intimidad y la privacidad…. De que sus datos se encuentren expuestos sin límites de tiempo. obviamente que contraviene a la Constitución y la misma es nula.
En el juicio por los US$92 millones que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos para conseguir obras están imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.
Este juicio continuará el lunes con la escucha de la testigo número once del Ministerio Público, la cual elaboró informes financieros sobre las empresas de los imputados en el caso.
Fuente: https://www.diariolibre.com
