El proyecto del nuevo Código Penal tendría aspectos que desnaturalizarían algunos principios e institutos universales del Derecho Penal, riñendo incluso en algunos casos con la Constitución de la República, advirtió este jueves la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, externó su preocupación en ese sentido a los presidentes de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Justicia de ese organismo.
En una comunicación remitida este jueves, Castaños Guzmán expone que tras un análisis ponderado pudieron verificar que, en algunos de los nuevos tipos penales, se pretende prácticamente igualar la pena del autor del delito con la de sus cómplices.
Argumenta que desde el punto de vista punitivo esto desnaturaliza el nuevo régimen de autoría y participación que se había incorporado en los proyectos de nuevo Código Penal aprobados en 2014 y 2018.
Observó además que se intenta eliminar la simultaneidad y proporcionalidad para configurar la presunción de la legítima defensa, la cual dejaría de existir como tal.
“Con ello las graves consecuencias que acarrearía prescindir de una causa de justificación que existe en todos los códigos penales modernos disminuyendo así la protección de los bienes jurídicos importantes como la vida y la integridad personal que requieren de su existencia como salvaguarda”, alerta.
Sostuvo que también se pretende incorporar una modalidad del cuestionado instituto penal norteamericano de “los tres golpes” (Three strikes), pretendiendo que el juez imponga de manera obligatoria la prisión preventiva cuando el imputado ha sido sometido a la justicia por tercera vez, sin reparar en verificar condena alguna.
A su juicio, conviene revisar la propuesta en lo relativo a la no aplicación de circunstancias atenuantes perturbaciones psíquicas parciales diagnosticadas y excusas legales- en materia de violencia de género y otras infracciones afines.
“Esto pudiese desvirtuar la finalidad de la pena en todo sistema de Derecho Penal, pues estaría retrotrayendo la normativa penal dominicana a la época anterior a la codificación napoleónica de principios del siglo XIX”, externó.
Castaños Guzmán señaló que se pretende restablecer el delito de usura, con lo cual se estaría penalizando la libertad que tienen las personas e instituciones financieras de negociar las tasas de interés.
Esa situación, entiende, provocaría una modificación a la Ley Monetaria y Financiera, que es una ley orgánica, desestabilizando el sistema financiero nacional que opera con tasas activas y pasivas competitivas y de acuerdo a las demandas y ofertas del mercado de dinero.
El vicepresidente de Finjus plantea revisar los delitos contra la mujer y la violencia de género en orden a lograr una correcta tipificación de lo que se había logrado en las versiones anteriores.
“Desde Finjus realizamos las presentes observaciones con el ánimo de continuar contribuyendo a la ponderación y análisis de esta iniciativa de ley en el seno de este honorable Congreso, así también en espera de que sean verificadas por la Comisión Consultiva que ha conformado el Poder Ejecutivo, a fin de que se logre un Código actual y diáfano, apegado a la normativa constitucional y en coherencia con el derecho penal moderno que responda de manera eficaz a la demanda actual de un Código que se ajuste a las nuevas dinámicas delictuales de la sociedad”, concluye.
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