El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jaquez Liranzo, dijo ayer que las medidas de coerción a los acusados de incurrir en delitos electorales serán conocidas por un juez de atención permanente que designará el Pleno de la Alta Corte, al igual que los que conocerán las demás fases del proceso penal.
Precisó que la oficina de atención permanente que habilitarán para esos casos funcionará a través de la secretaría general del TSE, y que la capacitación del personal que trabajará está en la fase final.
También precisó que el Pleno designará a los jueces que conocerán las demás etapas del proceso penal, instrucción, juicio de fondo, apelación o para conocer cualquier recurso que se interponga, como por ejemplo un habeas corpus.
Puntualizó que para el conocimiento de las infracciones electorales serán integrados los 5 jueces suplentes, además de los 5 jueces titulares que componen el tribunal, porque son los que constitucionalmente tienen competencia, pero que para cada etapa, el Pleno se ocupará de asignar el o los magistrados necesarios, ya sean titulares o suplentes.
Respuesta oportuna
“El tribunal no tiene ningún tipo de dudas de que va a satisfacer y va a dar respuesta oportuna, apegada al debido proceso y a las garantías procesales penales, a todas las personas que sean acusadas de estos delitos”, puntualizó. Indicó que los casos serán conocidos en la misma sala que actualmente se conocen los recursos contenciosos y administrativos, ya que no se le aprobaron los recursos para habilitar otra, debido a que del presupuesto de 1,040 millones que solicitaron para este año, solamente se le aprobó 600 millones.
El presidente del TSE habló al concluir una reunión que sostuvo en su despacho con el procurador general, Jean Alain Rodríguez, en la que coordinaron acciones para el conocimiento y persecución de los delitos electorales.
Persecución
El procurador Rodríguez indicó que el ministerio público, a través de los fiscales de todo el país, se ocupará de la investigación y persecución, no la procuraduría especializada.
“Esto no es más ni menos importante, es un delito y tiene una sanción que lo contempla la ley, se desarrolla un proceso y si se tienen evidencias, si se tienen pruebas, es traído al TSE”, expresó Rodríguez. Sostuvo que el ministerio público es el que tiene la responsabilidad de investigar y perseguir esos delitos, a través de los fiscales, tras aclarar que el rol de la procuraduría especializada que dispone crear la constitución es para apoyo y cooperación, y se encuentra en proceso.
Reiteró que el ministerio público está listo para perseguir los delitos electorales y apoderar a los jueces para que juzguen lo que entiendan pertinente. Tanto el presidente del TSE como el procurador dijeron que están listos para que se conozcan los delitos electorales, para lo cual han estado capacitando al personal. Los aspectos abordados en la reunión para coordinar acciones conciernen al procedimiento penal que se desarrollará para el conocimiento y persecución para los delitos electorales, desde los allanamientos, el sometimiento, la medida de coerción, el traslado de los imputados que infrinjan la ley, entre otros aspectos relativos a los procesos penales.
La sanción
Dos elecciones.
En el país se celebrarán elecciones municipales el 16 del próximo mes, y presidenciales y congresionales el 17 de mayo de este año.
Preocupaciones
Diversos sectores de la población han llamado a sancionar la práctica de compra de cédulas y otros delitos y crímenes electorales que se denuncian en cada proceso de votación.
La Junta Electoral.
La semana pasada el procurador Rodríguez también se reunió con el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, con los mismos propósitos.
FUENTE:listindiario
