República Dominicana: El juez Francisco Ortega Polanco determinará este viernes la validez de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República en lo que respecta a los US$92 millones en sobornos que la Constructora Norberto Odebrecht admitió haber pago en República Dominicana para ser beneficiaria de obras del Estado.
A partir de las 9:00 de la mañana, en la Suprema Corte de Justicia, el magistrado de la Instrucción Especial dirá si existen pruebas suficientes y legales que razonablemente indiquen que Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús –Chú- Vásquez Martínez incurrieron en soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación de malhechores y falsedad en declaración jurada de bienes.
Ortega Polanco dirá al país, y a las partes envueltas en el proceso, si las delaciones premiadas de los ex ejecutivos de Odebrecht tienen valor probatorio para un juicio de fondo, y si no constituye una falta de parte del Ministerio Público el no haber ido a Brasil a realizar anticipo de pruebas y/o interrogatorios directos a alguno de los ex funcionarios de la empresa brasileña. De igual manera, establecerá si el no aportarlos como testigos a fin de ser entrevistados vía videollamada, como tradicionalmente ocurre en los tribunales, representa una debilidad probatoria para el caso.
Además de establecer la licitud y validez de las delaciones, el juez dirá si las acusaciones contra los ex legisladores, Andrés Bautista, Chú Vásquez y Juan Roberto Rodríguez prescribieron o no, así como si al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, lo están sometiendo por los mismos delitos por los cuales se archivó la investigación que contra él tenía la Fiscalía del Distrito Nacional: doble persecución.
Francisco Ortega deberá determinar, como han alegado los abogados defensores, si la Procuraduría realizó peritajes a las cuentas y productos financieros de los siete imputados, así como de sus empresas y/o familiares violentando el derecho de defensa y sin darles oportunidad para proponer contra peritajes. ¿Tomará en consideración el precedente fijado por el entonces juez de la Instrucción Especial en el caso seguido al ex director del Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)?
El magistrado tendría, de igual manera, que fijar posición respecto a si pueden considerarse como ficticios o ilícitos los contratos de representación firmados entre Ángel Rondón y Odebrecht, así como establecer si el servicio que ofreció el abogado Conrado Pittaluga en el proyecto Autovía del Coral, constituye una acción que podría configurar un ilícito penal.
Fuente: diariolibre
