Cuando un camión de la policía que transportaba a hombres uniformados se detuvo en un barrio pobre de la capital haitiana, la gente pensó que se trataba de una operación oficial. Tal vez las autoridades finalmente habían decidido confrontar a las pandillas que cobran por proteger a la gente en un mercado junto a un sector de casuchas de hormigón y viviendas públicas. Los hombres, sin embargo, abrieron fuego.
Con el apoyo de pandilleros de la zona vestidos de negro, fueron casa por casa portando armas largas y machetes, sacaron a gente desarmada y la mataron de un solo tiro o a golpes de machete, según dijeron testigos a la AP.
“Cuando los vi, pensé que venían a ofrecer garantías, pero pronto me di cuenta de que les estaban disparando a la gente”, expresó Marie-Lourdes Corestan, una residente de la zona de 55 años. “Estaban disparando y salí corriendo para salvar mi vida”.
Testigos, organizaciones de derechos humanos un una obra caritativa católica que recogió los cadáveres tras la masacre del 13 de noviembre del 2018 dijeron a la AP que el menos 21 hombres fueron asesinados en un lapso de 24 horas en el barrio de La Saline.
Algunos residentes y agrupaciones de derechos humanos locales dicen que los asesinos eran pandilleros que trabajan con policías corruptos para apoderarse de territorios. Pero otros acusan a funcionarios del gobierno de planear la matanza para desalentar protestas contra la corrupción que a menudo comienzan en ese barrio, un bastión de la oposición.
Lo que es seguro es que la matanza refleja la inseguridad que hay en Haití desde la partida de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que en octubre del 2017 pusieron fin a su misión, supuestamente porque la situación había mejorado. Residentes de Puerto Príncipe entrevistados por la AP dicen que la cantidad de barrios inaccesibles, controlados por las pandillas, aumentó a al menos media docena desde que se fue la misión de la ONU.
“Estas zonas anárquicas se están multiplicando”, expresó Marie-Yolene Gilles, directora de una agrupación local de derechos humanos, Fondasyon Je Klere, que estima que hubo 25 muertos. “Las autoridades no han dicho nada”, sostuvo Giller. “Ni siquiera condenaron la matanza”. La ONU envió un gran contingente de fuerzas de paz en el 2004.
