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Fallecen mujer embarazada y su hijo tras recibir descarga eléctrica en Azua

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COTUI.- Una mujer en estado de embarazo y su hijo perdieron la vida al recibir una descarga eléctrica la tarde de este miércoles, en un hecho registrado en l sector Villa Esperanza, en Azua.

El hecho ocurrió en la banca de lotería Edgar, ubicada en el Sector Villa Esperanza, detrás de la planta de gas, en esta ciudad.

Al lugar se presentaron decenas de curiosos, mientras  los cuerpos permanecían en el pavimento.

Mientras que las autoridades civiles, policiales y de emergencias se presentaron al lugar a realizar los levantamientos correspondientes.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

Explotación de Loma Miranda debe ser consultado, según Medio Ambiente

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Mediante consultas públicas con todos los sectores interesados deberá conocerse la solicitud de permiso para explotar de Loma Miranda, como establece la ley, dijo el Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.

«El pasado mes de Enero se recibió en el Ministerio de Medio Ambiente para un estudio ambiental de parte de la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo), que sería una extensión actual de la promoción minera», indicó el funcionario.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene que entregarle los términos de referencia para que puedan hacer un estudio de impacto ambiental, afirmó.

Ambientalistas manifestaron su desacuerdo, para ellos Loma Miranda es un icono de la lucha conservacionista. En 2012 comenzaron movilizaciones sociales para evitar la explotación de esa zona que se extendieron por meses. En 2014 una ley que convertía la loma en un parque nacional fue vetada por el entonces presidente Danilo Medina.

Fuente: https://noticiassin.com

Extienden estado de emergencia por otros 45 días que comenzará el 2 de marzo

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SANTO DOMINGO.- A través del decreto 95-21 el Poder Ejecutivo extendió este miércoles el estado de emergencia por otros 45 días.

La ordenanza también establece que el nuevo estado de excepción comenzará el 2 de marzo.

Agrega que la medida forma parte de las iniciativas por parte del gobierno para combatir oportunamente la COVID-19 y salvaguardar la vida y salud de la población, en virtud de las autorizaciones otorgadas por el Congreso Nacional mediante las resoluciones núm. 70-20 y núm. 11-21.

La medida se produce un día después de que el Congreso Nacional (bicameral) aprobara una resolución que en ese sentido solicitara el Poder Ejecutivo.

En esta oportunidad, la orden presidencial no establece horarios específicos para las restricciones de tránsito, asociación y reunión, aunque especifica que tomará en cuenta lo que establece para ello la Constitución y la ley que regula los estados de excepción en el país.

En la actualidad está establecido un toque de queda desde las 19.00 hora local hasta las 5.00 horas del día siguiente, de lunes a viernes. En esos días se permite la libre circulación hasta las 10.00 de la noche, hora local.

Los sábados y domingos el toque de queda finaliza a las 17.00 horas locales y la libre circulación se extiende por tres horas más.

El decreto garantiza que el Poder Ejecutivo rendirá al Congreso Nacional informes periódicos durante la vigencia del estado de emergencia, tal y como lo ordenan la Constitución y la ley pertinente.

La extensión del estado de emergencia se produce un día después de que el país iniciara el proceso de vacunación contra la enfermedad, con la llegada de las primeras 20,000 dosis de vacuna.

Este miércoles el Ministerio de Salud Pública reportó 686 nuevos contagios de covid-19 y otras 15 muertes a causa de la enfermedad, elevando a 231.737 el número de infectados y a 2.990 el de fallecidos en el país

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

La compra de la sede del Ministerio de Industria y Comercio se realizó sin licitación

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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), durante la gestión de Temístocles Montás, firmó con el Banco de Reservas un contrato de arrendamiento, con opción a compra, del edificio donde actualmente funciona ese organismo, por la cantidad de US$31.0 millones, unos RD$1,464,750,000.00, a la tasa del momento, sin cumplir con las especificaciones de licitación, confirmó Diario Libre.

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El contrato fue firmado por Montás, el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y el subadministrador de Negocios Gubernamentales, José Manuel Guzmán Ibarra, el 24 de enero de 2017 y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036. El MICM paga una cuota mensual de RD$24.0 millones por el inmueble.

Consultado el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), para la fecha de la negociación, no registra licitación alguna para la adquisición de inmuebles por parte del MICM, operación que debió pasar por este proceso, tomando en cuenta el volumen de la inversión.

El director Administrativo del MICM, José Ramón Cerda, confirmó esta información a DL y explicó que esta operación viola la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado.

De acuerdo al documento, al cual tuvo acceso Diario Libre, el Banco de Reservas adquirió el inmueble, luego de que su Consejo de Directores, mediante la cuarta Resolución de la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2016, la aprobara y pagó un valor de US$31 millones.

El Banco de Reservas, luego de la firma del contrato, entregó al Ministerio US$2.0 millones para ejecutar las adecuaciones que requiriera el edificio, que fue ocupado el 17 de enero de 2017 por el personal de esa institución estatal.

La compra

El Banco de Reservas se lo compró a la empresa Diseño Integral S.R.L., propiedad del ingeniero Freddy Pérez, quien fue ministro de Obras Públicas y director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), en los gobiernos de Leonel Fernández. A la fecha de la negociación era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y no ocupaba cargo en el gobierno. Montas es el presidente interino del PLD desde 2019.

Al respecto, DL requirió a la Dirección de Comunicaciones del Banco de Reservas los detalles de la compra y posterior arrendamiento financiero y/o alquiler con opción a compra al Ministerio de Industria y Comercio del edificio en cuestión, y su respuesta fue que “el banco no ofrece informaciones sobre sus operaciones financieras privadas”.

El contrato firmado por Montás, Lizardo y Guzmán Ibarra establece que el Ministerio reconoce que el precio de adquisición es el establecido, que es irrevocable y tendrá una vigencia hasta 2036 y, que en caso de ejercer la opción a compra, el precio de adquisición será el mismo precio pagado por el arrendador.

También, si el MICM opta por comprarlo, las cantidades pagadas al Banco e imputadas a amortizar el precio del arrendamiento (el contrato dice adquisición), serán consideradas como entregadas a cuenta del precio total y por tanto descontadas del precio de la compra.

El inmueble, ubicado en la avenida 27 de febrero No. 306, fue previamente seleccionado por el MICM, quien posteriormente autorizó al Banco de Reservas a adquirirlo a la empresa Diseño Integral S.R.L., según consta en el artículo tres del contrato.

El Ministerio también aceptó que el inmueble fuera entregado en las mismas condiciones que la empresa Diseño Integral S.R.L se la cedió al Banco y que queda bajo la responsabilidad del Ministerio la adecuación del edificio a sus necesidades, sin que ello implique reformas estructurales, a menos que hayan sido aprobadas por el Banco.

Negociación confusa

El contrato es confuso como instrumento legal, pues en inicio se lee “alquiler con opción a compra” y más adelante plantea la figura del “arrendamiento financiero”.

“Este contrato crea una confusión desde el punto de vista legal, ya que en inicio se refiere a un alquiler con opción a compras y más adelante plantea la figura del arrendamiento financiero que es una especie de leasing financiero mediante el cual pagas para arrendar un inmueble y de esas cuotas queda una parte que se abona para la compra”, explicó Cerda, director administrativo del MICM. Calificó el contrato como “poco claro” y afirmó que el proceso financiero está bajo investigación.

Un estimado de cuánto costaba el metro cuadrado de construcción en esa zona del Distrito Nacional (Bella Vista) para la fecha de la negociación, arrojó que el metro cuadrado de construcción rondaba los US$1,200 y US$800 el metro cuadrado de terreno. De acuerdo a ese estimado, entre terreno y construcción, el costo de la edificación habría sido de US$26.0, aproximadamente. El Banco lo compró en US$31.0 millones.

El MICM paga una mensualidad que es el doble de lo que pagaría una edificación en similares condiciones en el polígono central del Distrito Nacional, confirmó Diario Libre.

El artículo 12 del acuerdo establecía que si el MICM se atrasaba con el pago de dos o más cuotas, el Banco, de pleno derecho y sin necesidad de ninguna otra formalidad judicial o extrajudicial podría embargar el inmueble, y el arrendatario debía pagar la totalidad de las cuotas hasta la fecha de terminación del contrato; una indemnización adicional equivalente a un 1% de las mensualidades vencidas y al pago de los gastos legales del proceso en que incurriera el banco.

Mediante una primera Adenda al contrato, firmada nuevamente por Temístocles Montás y Simón Lizardo, se modificó ese artículo y se eliminó que en caso de atraso el MICM debía pagar la totalidad de las cuotas hasta la fecha de terminación del contrato.

Pero también se le agregó un párrafo que establecía que en caso de rescisión del contrato, el arrendador entraría en posesión del inmueble, sin necesidad de procedimiento judicial o notificación alguna, 30 días después de la rescisión , quedando a favor de éste los valores que haya recibido.

En una posterior adenda, firmada esta vez por Nelson Toca Simó, quien sustituyó a Montás en el MICM en el 2018, y Simón Lizardo, se elimina este párrafo.

El 24 de agosto de 2018, en respuesta a las denuncias de la compra poco transparente, el MICM emitió un comunicado que decía: “El Ministerio de Industria y Comercio no ha realizado compra de inmueble y por consiguiente no ha tenido relación contractual con el Ingeniero Freddy Pérez ni entidad vinculada al mismo.

Fuente: https://www.diariolibre.com

Diputado Tobías Crespo afirma es necesario una "modificación integral" a la Ley 87-01

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado Tobías Crespo lamentó que la ley 87-01 de Seguridad Social “ni sea segura, ni sea social” y deploró que las medidas que se toman en el Consejo Nacional de la Seguridad Social sean puramente económicas, basadas en costo beneficio, cuya ecuación, por lo general deja de lado al afiliado.

Manifestó que es necesario realizar una modificación integral a la ley 87-01 para que puedan reforzarse y aplicarse los beneficios en favor de los cotizantes.

“Por ejemplo, un elemento que debe ser contemplado es la atención integral a los envejecientes. Aquí no hay hospitales geriátricos, apenas uno o dos, los especialistas no quieren recibir los seguros y sigue el co-pago y recordemos que una de las ventajas que nos vendieron era que no habría que pagar co-pago, no veo una política pública dirigida a esa población y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) es infuncional”, sostuvo al ser entrevistado por la periodista Patricia Pérez Díaz en el programa República de la Verdad.

Criticó que la Ley 87-01 sea única en su clase, en el sentido de que a la hora de tomar una decisión, no se impone la mayoría simple. “Hay un poder de veto del sector empresarial. Si el gobierno está de acuerdo y los sindicalistas están de acuerdo y un sector no está de acuerdo, se cae la negociación, por que tiene que ser por mayoría de los tres votos, la única ley que establece eso”.

Entiende que la Ley debe ser modificada para que cuando que se incremente el monto de la pensión a la hora del retiro, pero, además, no sea quitado el seguro familiar de salud a quienes logran la pensión, “porque con la edad vienen todos los achaques hay que buscar un mecanismo que todos ganemos, que no sea como un embudo”.

El legislador por la Circunscripción no. 2 respondió a aquellos que llamaron populistas a los diputados por haber aprobado el proyecto de ley que busca modificar la Ley 87-01 para que se retire un 30% anticipado de los fondos de pensiones y enviarlo al Senado.

“No es populismo legislativo, ni clientelismo, fue que tuvimos que recibir la presión y legislar a tono. Hay ponerse el traje de un representante, estar en el momento que estuvimos, no solo en la Comisión, la gente muriéndose de hambre, solo en mi Circunscripción 112 barrios en una situación dramática y quiérase o no, estábamos en una campaña electoral”, dijo.

Responsabilidad compartida

El legislador manifestó que la situación de inconformidad que se está dando ahora con las Aseguradoras de Fondos de Pensiones es responsabilidad de su gerencia, pero también de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

“Aquí hay que informar al afiliado, no solamente sobre las AFP, también del Seguro Familiar de Salud, esa Ley que tiene muchísimos beneficios, es muy amplia y sobre esa base, nosotros entendemos que el trabajador es parte de la ecuación, si los sacas de esa ecuación económica, se cae el sistema, se cae el negocio”, expresó.

Su propuesta

Tobías Crespo considera que al trabajador se le debe dar un incentivo, por lo menos mensual o cada tres meses.

Explica que ese incentivo no debe partir “de la parte que le toca para la pensión”, sino de las mismas ganancias de las AFP que, según afirma, cada año son unos 6 mil millones de pesos.

Deploró que a consecuencia de esto, la práctica que impera es aumentar las nóminas de las instituciones públicas y privadas.

“Ahí ha habido una desidia desde el punto de vista de hacer al trabajador, sin quitarle los flujos que va a recibir cuando se pensione, pero hay otras situaciones, las personas que fallecen, los familiares no han podido sacar esos fondos, personas como yo que tengo acumulado en esas AFPs pero a mí me pensiona es la Cámara de Diputados, hasta que yo no cumpla 60 años, a mí no me dan ese dinero, pero no me pensionan y yo pudiera poner a producir de manera particular mi iniciativa privada”, criticó.

Hombre golpea a su pareja y luego se suicida en Nagua

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MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.– Una mujer recibió múltiples heridas en el cráneo y el rostro a manos de su pareja, quien luego se suicidó, durante un hecho ocurrido en el municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

La mujer presenta trauma craneal encefálico moderado y múltiples heridas en el rostro inferidas por Rogelio Then Rosario, quien se ahorcó luego de cometer la agresión.

Según un hijo de la pareja, sus padres vivían solos y nunca habían confrontado problemas.

Explicó que su padre presentaba algunos trastornos, razón por la que su madre lo acompañaba al hospital para recibir atención especializada.

La mujer, de 55 años de edad, no había presentado denuncia sobre maltratos ante el Ministerio Público.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do

Abel Martínez dice dominicanidad e identidad se están perdiendo

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Santiago, RD

El alcalde de Santiago, Abel Martínez Duran, consideró que por la gran cantidad de haitianos ilegales que, en los últimos días, han llegado de manera ilegal a territorio dominicano luego de las protestas registradas en su país, con el tiempo se perderá la dominicanidad y la identidad.

“Al ritmo que vamos, la dominicanidad y la identidad de los dominicanos la estamos perdiendo, la estamos perdiendo por ese descontrol masivo que hay de ilegales haitianos en nuestro territorio”, dijo el alcalde y expresidente de la cámara de diputados.

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Martínez sostuvo que los ilegales haitianos vienen aunque no haya problemas en Haití, por la debilidad en la frontera, lo que dice hace que llegue y se desplacen sin ningún control a las diferentes provincias del país.

“Los problemas que ya tenemos, fruto de la pandemia y todo lo que se deriva de allí, como el tema de la salud, el tema la economía, la inseguridad, los temas medio ambiental entre otros, ahora ese desborde de haitianos, producto de la situación política que están viviendo, esto amerita una urgente solución a este tema” explicó Martínez.

Dijo también que República Dominicana no puede postergar más la aplicación de la Ley de Migración, respetando los derechos, no solo de los haitianos que estén indocumentados, sino los de todas las nacionalidades que estén ilegal aquí.

Parturientas  

Abel Martínez volvió a denunciar que los principales centros públicos de salud siguen abarrotado de cientos de mujeres haitianas que llegan de manera irregular a dar a luz a los hospitales, especialmente a los de Santiago y que la cantidad cada día va en aumento.

El funcionario municipal cree que la situación de las parturientas haitianas es unos de los principales problemas de salubridad que tiene el país, porque ellas no se planifican, y durante el embarazo no mantienen un chequeo constante.

Sobre el compromisos firmado

En cuanto el pacto firmado entre los ministros de Medio Ambiente de República dominicana, Orlando Jorge Mera, y de Haití, Abner Septembre, donde se comprometieron a desarrollar planes y acciones conjuntas en procura de la conservación de los recursos naturales, Abel Martínez está convencido de que ese acuerdo no tendrá curso, porque en Haití en este momento no hay estado de derecho.

Dijo que en un país donde las instituciones no funcionan, donde no tiene un registro de sus habitantes, no hay acuerdo que ellos puedan cumplir.

Cree que la única solución a estos problemas es que las autoridades de República Dominicana aplican las diferentes leyes, especialmente la de Migración.

Fuente: https://listindiario.com