Con "la misma parafernalia, la misma fórmula en la cual ellos de manera vehemente buscaron a Alexis Villalona", hay que buscar a estos tres "vulgares delincuentes", expresó De los Santos quien forma parte de la defensa de Villalona, que tras permanecer prófugo luego de golpear a una mujer en Baní, fue apresado en una labor conjunta de la Policía Nacional y el Ministerio Público y recibió tres meses de prisión preventiva.

SANTO DOMINGO, República Dominicana:  Como "altamente peligrosos" definió el abogado Jorge de los Santos a los tres internos que se fugaron esta tarde mientras eran conducidos al centro penitenciario Najayo-hombre luego de acudir a unas audiencias de manera independientes y llama a las autoridades a buscarlos de manera vehemente tal como lo hicieron con Alexis Villalona.

Con "la misma parafernalia, la misma fórmula en la cual ellos de manera vehemente buscaron a Alexis Villalona", hay que buscar a estos tres "vulgares delincuentes", expresó De los Santos quien forma parte de la defensa de Villalona, que tras permanecer prófugo luego de golpear a una mujer en Baní, fue apresado en una labor conjunta de la Policía Nacional y el Ministerio Público y recibió tres meses de prisión preventiva.

El abogado también representa a la familia de Mildred Tejeda, una doméstica que fue asesinada hace un año por Yasbel Antonio Zapata Gómez, uno de los reclusos que se escapó.

Tras la fuga de Zapata Gómez, los familiares de la mujer dicen temer por su vida.

Los otros dos internos prófugos, Dionis Miguel Báez y Kelvin Apolinario Lorenzo, están acusados de robo en una farmacia de Villa Fundación ubicada en Baní donde cargaron con más de 180 mil dólares e hirieron al propietario.

Jorge de los Santos calificó como una "irresponsabilidad" de las autoridades encargadas del traslado dejar que estos tres privados de libertad se escaparan y consideró que las respuestas que han ofrecido sobre el caso no son satisfactorias.

Fuente: https://noticiassin.com

No se registran reuniones de ninguna de los comités creados para articular políticas educativas, debido a la pandemia de COVID-19 y en el 2021 con el cambio de gobierno hubo un cambio en la dirección del Consejo Económico y Social (CES), que asumió Rafael Toribio, en sustitución de Núñez Collado.

República Dominicana: El martes 10 de diciembre de 2019 se realizó la última Asamblea Plenaria del Pacto Nacional por la Reforma Educativa, reunión que estuvo presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado, quien era presidente del Consejo Económico y Social (CES).

Luego de este encuentro que fue realizado en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (Ucateci), en la Vega, no se han realizado más reuniones para monitorear y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos en este pacto y que están “orientados a alcanzar una educación que permita a todas y todos los dominicanos desarrollar al máximo su potencial como personas y como integrantes de un colectivo social que reconocen y al que se integran con libertad para vivir en igualdad de oportunidades”.

El 31 de julio de 2020 se produjo una consulta virtual sobre la apertura del año escolar 2020-2021, donde los miembros de la Comisión Ejecutiva sostuvieron una reunión de cortesía vía Zoom con Roberto Fulcar, Ministro de Educación, designado por el presidente Luis Abinader, en la cual se abordó el tema de las clases en medio de la pandemia del COVID-19 y del Estado de Emergencia declarado por el Poder Ejecutivo.

No se registran reuniones de ninguna de los comités creados para articular políticas educativas, debido a la pandemia de COVID-19 y en el 2021 con el cambio de gobierno hubo un cambio en la dirección del Consejo Económico y Social (CES), que asumió Rafael Toribio, en sustitución de Núñez Collado.

El 30 de septiembre se produjo una reunión del CES, en la que Iraima Capriles, su directora ejecutiva, informó que el tema de la calidad educativa se discutiría en la asamblea plenaria del Pacto Educativo conjuntamente con la Comisión de Veeduría Social del Pacto Nacional para la reforma educativa.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido una convocatoria a las entidades oficiales, del sector privado, ni las vinculadas con el sector educativo para continuar con los planes y proyectos.

Solo el Comité de Veeduría Social para el Pacto Educativo, realizó una reunión virtual el 26 de mayo de 2021 para tratar sobre los compromisos a su cargo dentro del Pacto Educativo e intercambiar ideas sobre los posibles cursos de acción a seguir para su reactivación.

Ante los cuestionamientos que los procesos de reformas estarían en un limbo, Rafael Toribio, informó que sería en enero del 2022 cuando se iniciarían seis de las 12 mesas temáticas de trabajo, de cara al diálogo de las reformas institucionales planteadas por el Gobierno. Se está a la espera de la convocatoria.

Antecedentes del Pacto

El Pacto por la Reforma Educativa fue el resultado de un proceso que incluyó consultas y discusiones hasta que se logró concretar y firmar compromisos que asumieron el Estado, la comunidad educativa y otras instancias de la sociedad civil con capacidad para incidir en la mejoría del sistema educativo.

El 13 de agosto de 2013 se emitió el Decreto 228-13, mediante el cual se convocaba al Consejo Económico y Social para que el conjunto con las instancias del gobierno competentes, organizaran el espacio para la discusión de un Pacto Nacional para la Reforma Educativa.

El pacto como tal se hizo público y se firmó el primero de abril de 2014 y fue suscrito por el presidente Danilo Medina Sánchez, la vicepresidenta Margarita Cedeño, la primera dama Cándida Montilla de Medina, los líderes de los partidos políticos y actores del sistema educativo dominicano.

Los compromisos que asumidos por los firmantes de dicho Pacto están orientados a democratizar el acceso de la población a una educación de calidad desde el nivel preuniversitario al superior, incluyendo la educación técnico profesional; a garantizar la calidad y pertinencia del aprendizaje en todos los niveles del saber; a dignificar la carrera docente; a instaurar un sistema de evaluación de la calidad de la enseñanza; a garantizar la modernización de nuestro sistema de instrucción pública; y adecuar el financiamiento y movilización de recursos para la educación en todos sus niveles y grados.

El documento que suscribieron también los partidos políticos del sistema plantea que las políticas educativas deben constituirse en políticas de Estado, por lo que este Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, sin importar las variaciones o cambios políticos que pudieran producirse en este lapso de tiempo.

“Se entiende que los cambios y ajustes que deban introducirse a lo pactado deberán ser realizados mediante un proceso plural, colectivo y de amplia participación como el que sustenta el presente Pacto, a fin de garantizar su legitimidad”, consigna el Pacto.

Los que deciden sobre la educación

Para la coordinación y desarrollo de los trabajos en procura de mejorar la educación dominicana fueron creados varios comités, uno de monitoreo y evaluación integrado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Ministerio de Educación (Minerd), Ministerio de la Presidencia, Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Asociaciones de Rectores con representación en el Conescyt y la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmaes), representante de las Centrales Sindicales, representante de las Organizaciones que agrupan a Instituciones Educativas Preuniversitarias y Representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participen en la cogestión de programas de educación pública y Representante de las Organizaciones que agrupan a Instituciones Educativas Preuniversitarias.

Otro comité de coordinación conjunta que integra el presidente del Consejo Económico y Social (CES), el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) y el de la Presidencia y otro de veeduría social con la participación de organizaciones firmantes del Pacto sin responsabilidad directa, el presidente y otros miembros del CES, del sector empresarial, laboral y social.

Fuente: https://www.diariolibre.com

La diputada, en su declaración jurada de patrimonio, reportó cinco facturas pendientes de pago por parte del Inabie a la empresa “Multiservicios Gerónimo, E. I. R. L.” de la cual es “propietaria y gerente”. El monto total que le adeuda Inabie a la empresa de la diputada, según su declaración jurada, es de RD$5,882,935.68.

Santo Domingo, República Dominicana: Una empresa de la diputada Altagracia Yarelys Encarnación Gerónimo figura entre los suplidores que reclaman pago de deudas al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

El monto de la deuda del Inabie con la empresa de la diputada superaría los 12 millones de pesos.

La diputada, en su declaración jurada de patrimonio, reportó cinco facturas pendientes de pago por parte del Inabie a la empresa “Multiservicios Gerónimo, E. I. R. L.” de la cual es “propietaria y gerente”.

El monto total que le adeuda Inabie a la empresa de la diputada, según su declaración jurada, es de RD$5,882,935.68. No obstante, el monto podría ser superior al reportado por la legisladora ya que la institución, en su estado de cuentas de suplidores de fecha noviembre 2021, refleja cuatro facturas más a las publicadas por la diputada y que, sumadas a las otras cinco, totalizan un monto adeudado de RD$12,155,380.80.

Este medio intentó contactar a la diputada del Partido Revolucionario Moderno por San José de Ocoa para que explique la razón por la cual su empresa mantiene deudas con el Inabie, pero evitó ofrecer declaraciones.

La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece en su artículo 14 las personas que no podrán ser “oferentes ni contratar con el Estado” y entre ellos se encuentran los senadores y diputados.

Un caso similar en el cual se incurrió en una violación de esta Ley, ocurrió recientemente cuando la periodista Alicia Ortega reveló que el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, había tenido contratos con el Estado a través de sus empresas.

Tras esto, el director de Compras y Contrataciones Públicas aclaró que Victoria Yeb “nunca debió contratar con el Estado” y que sus acuerdos “violaron la ley”.

“La ley no hace distinciones con relación a si existe incompatibilidad porque la contratación sea de un 1 peso o de 100 millones de pesos. Lo que queda muy claro en el informe es que: El senador nunca debió contratar con el Estado desde que asumió sus funciones en el Senado de la República”, expresó Pimentel durante una entrevista.

Poco después, en otra declaración pública, y ante los casos de denuncias de corrupción que apuntan al Inabie, el titular de la Dirección de Compras y Contrataciones, confirmó que dentro del Inabie hay un entramado corrupto entre funcionarios y suplidores dentro de la institución en cuestión.

Otra violación a la Ley

¿Por qué la diputada solo indicó cinco facturas en su declaración jurada? De esta pregunta podría derivar otra violación a la ley que “justificaría” la ausencia de las restantes 4 cuatro deudas.

En este caso, la violación sería a la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, ya que la representante de la provincia San José de Ocoa no entregó su declaración en la fecha que estipula la pieza legislativa.

La citada ley, que obliga a los legisladores a presentar su declaración jurada de patrimonio, otorga un plazo de 30 días siguientes a su toma de posesión (16 de agosto 2020) para entregarla.

Su declaración tardía, y por tanto violación a la Ley, se puede comprobar con el “listado de funcionarios electos identificados que no han presentado su DJP al 27-04-2021” facilitado por la Cámara de Cuenta, donde se puede encontrar su nombre.

No obstante, ya para el siguiente listado, su nombre había sido borrado de la lista, y si a esto le sumamos que las facturas adicionales que presenta el Inabie, y que no están mencionadas por la diputada, comienza a correr a partir de mayo 2021, se agregan argumentos que confirmen la hipótesis sobre el por qué no colocó las otras deudas.

Un detalle adicional, es que la diputada alega que salió de su empresa, Multiservicios Gerónimo, E. I. R. L., en fecha abril 2021, pero también dice tener un capital invertido con 100 acciones o cuotas sociales dentro de la misma entidad por un valor de RD$10,000.

La empresa “no aparece”

Mediante dos solicitudes de Acceso a la Información Pública este medio pidió al Inabie y a Contrataciones Pública los contratos obtenidos por la empresa de la diputada desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha, sin embargo ambas entidades indicaron que en sus bases de datos “no se han reportado registros de contratos”

A pesar de esta respuesta, Contrataciones Públicas sí dejó abierta una posibilidad: “Cabe destacar, que esta certificación no abarca los contratos que pudiera realizarse con alguna institución y/o ayuntamientos que se encuentren o realicen transacciones fuera de nuestro sistema de registro”.

Más que resultados, este proceso sigue generando dudas con respuestas aún inciertas.

Fuente: https://listindiario.com