Bancamérica es un banco de servicios múltiples que representa el 0.13% de los activos del sistema financiero y es la entidad número 31 de las 49 bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista y ex Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, indicó que la disolución de Bancamérica no debe generar preocupación, y llamó a los ahorrantes pueden estar tranquilos, por lo que pidió tener confianza y paciencia.
MARIA TRINIDAD SANCHEZ, República Dominicana.- Dos jóvenes perdieron la vida, al sufrir un accidente de tránsito, la noche del viernes, en el tramo carretero Nagua-San Francisco, específicamente en la comunidad El Barro del municipio El Factor.
os jóvenes fueron identificados como Víctor Javier de Jesús y Amable Alfonso Dominguez, de 21 y 20 años respectivamente, quienes se desplazaban en una pasola y colisionaron de frente con un vehículo en marcha.
En tanto que, se desconoce el paradero del conductor del carro marca Kia, de color blanco, quien se habría escabullido entre la multitud.
Según testigos oculares los jóvenes duraron demasiado tiempo para ser levantados del pavimento y trasladados al hospital de Nagua, donde llegaron sin vida.
Los comunitarios hacen un llamado a las autoridades de suplir de ambulancias la provincia María Trinidad Sánchez.
BARAHONA, República Dominicana-. El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, entregó este viernes RD$19,846,502 en medicamentos e insumos médicos a hospitales de las provincias Barahona y Bahoruco. La donación fue posible gracias al acuerdo de colaboración de la institución y el Hospital-Fundación “El Buen Samaritano” que dirige Moisés Sifren.
El operativo médico llegó al Hospital Regional de Barahona Dr. Jaime Mota y la Cárcel Pública de esta provincia, así como a las unidades de atención primaria de Los Robles, Mena Arriba, Mena Abajo, Uvilla y del distrito municipal de Santana en el municipio de Tamayo de la provincia Bahoruco.
Durante el recorrido por la zona, el coordinador del Gabinete, Tony Peña, aprovechó para visitar la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional donde constató de primera mano las necesidades físicas de la estructura que alberga a los agentes de la uniformada en la zona, comprometiéndose a realizar las gestiones para que dentro de los próximos 15 días se inicie la reparación del área de la cocina del recinto.
Se recuerda que durante esta gestión, el Gabinete de Política Social ha entregado más de 1,800 millones de pesos en medicamentos e insumos médicos en todo el territorio nacional, visitando los 158 municipios de las 32 provincias en poco más de un año.
“Nuestra misión, como coordinaor del Gabinete de Política Social, es brindar la mano amiga del Gobierno del presidente Luis Abinader y llevar esperanza a los dominicanos en condiciones de vulnerabilidad social extrema y por eso realizamos estos operativos de entrega de medicamentos de alto costo a los que de otro modo los más necesitados no tendrían acceso”, dijo Peña.
De su lado, el presidente de la Fundación-Hospital “El Buen Samaritano”, Moisés Sifren reiteró el compromiso de su organización con la labor social del Gabinete y agradeció la oportunidad brindada para poder llevar estos medicamentos a quienes realmente lo necesiten.
Asimismo, el director de salud del Gabinete, Guillermo Moringlane, detalló que los medicamentos entregados este viernes pueden ser utilizados para tratar distintos males, además de ser recetados para enfermedades con alto nivel de incidencia en la población del país, como la hipertensión, la presión alta o baja, entre otras.
Sobre el programa “Transformando mi país”
El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, aprovechó su visita a Barahona para acudir al sector Enriquillo de esa provincia para supervisar los avances del más reciente programa social que ejecuta la institución “Transformando mi país”.
En ese sentido, Peña acudió a inspeccionar los avances en cuatro viviendas que ya han sido impactadas por el programa que se creó a finales del 2021 y con el que se planea impactar a viviendas en todo el territorio nacional, así como, a las micro, pequeñas y medianas empresas sector de la construcción, y apoyar la mano de obra de los residentes de las zonas en las que se lleva a cabo.
La queja de Camacho surge en momentos en que se investigan denuncias en contra de Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por supuestos actos de corrupción y colusión en los procesos de licitaciones con suplidores del almuerzo escolar.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El director de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, fustigó las debilidades que presenta actualmente la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 para las violaciones a esta normativa.
En un hilo de tuits, el magistrado Camacho, se desahogó y dijo que para enfrentar la corrupción hace falta más acciones que discursos.
Una de ellas es modificar de manera urgente la Ley 340-06 para que las infracciones puedan ser sancionadas penalmente.
“Es urgente modificar la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. Las violaciones a esta ley no pueden seguir sin sanciones penales, además de que debe actualizarse conforme las diversas modalidades de corrupción de hoy día”, deploró.
“El Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer 'negocios' y hacerse ricos a costa de los intereses colectivos. Como nación debemos asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas. Ese proceso avanza modificando la Ley de Compras y Contrataciones”, prosiguió.
Camacho indicó que, en la modificación de la referida ley, el Estado debe cambiar la forma de hacer negocios: “Es difícil enfrentar la corrupción con efectividad, mientras el Estado negocia con cualquiera, con 'empresas' sin ninguna experiencia, trayectoria o condiciones para suplir lo que ofertan… La transparencia, el respeto por la cosa pública, por los fondos públicos, necesita de compromisos”, recalcó.
Inabie en la mira
La queja de Camacho surge en momentos en que se investigan denuncias en contra de Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por supuestos actos de corrupción y colusión en los procesos de licitaciones con suplidores del almuerzo escolar.
El propio titular de la Dirección de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que los hallazgos preliminares de la investigación apuntan a que en el seno del Inabie se gestaba un entramado de funcionarios y proveedores para aprovecharse del presupuesto de la institución y que esto llevaba años realizándose.
“Todo indica que el esquema de Inabie no es nuevo. El esquema de Inabie se instaló cuando se sustituyó la modalidad de que el alimento se preparaba en las escuelas. Se hace la transición hacia la modalidad de contratación de cocinas y eso ha servido históricamente para la repartición”, dijo el pasado martes durante una entrevista que le concedió al programa Telematutino 11.
Además, adelantó que la pasada gestión del Inabie, encabezada por su exdirector Cecilio Antonio Rodríguez, le había dado continuidad a la vieja práctica.
“El error es que las antiguas autoridades de Inabie de este gobierno decidieron seguir con el esquema encontrado en Inabie, esa es la realidad, y por eso reproduce una situación que se le va de las manos y no hay forma de dar respuestas”, deploró.
Ayer Rodríguez fue interrogado por la Pepca por las supuestas irregularidades detectadas durante el ejercicio de sus funciones en el Inabie.
Cuestionado por la prensa, el exfuncionario dijo que las acusaciones en su contra son "falacias" que le están causando mucho daño a él y a su familia.
Fuente: https://www.diariolibre.com
Rosario era el líder de una organización criminal transnacional (TCO) sospechosa de importar miles de kilogramos de cocaína a Puerto Rico desde varios sitios estratégicos dentro del Caribe, incluyendo a la República Dominicana y San Martín.
Puerto Rico.- El capo dominicano Justo Germán Rosario, también conocido como “Papín”, fue procesado, arrestado y extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico presentados en el Distrito de Puerto Rico.
“Esta extradición es otro paso importante en nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico.
“Durante los últimos años, el Distrito de Puerto Rico ha establecido alianzas más sólidas con nuestros países vecinos en muchas áreas de aplicación de la ley, incluidas las extradiciones. Continuaremos fortaleciendo esas alianzas”.
Rosario era el líder de una organización criminal transnacional (TCO) sospechosa de importar miles de kilogramos de cocaína a Puerto Rico desde varios sitios estratégicos dentro del Caribe, incluyendo a la República Dominicana y San Martín.
El 15 de julio de 2020, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra Rosario, acusándolo de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos (cargo uno).
El cargo dos de la acusación inculpa al acusado de importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos desde Venezuela, San Martín, República Dominicana y otros lugares, de febrero a diciembre de 2017.
Este enjuiciamiento es parte de la operación “Tridente de Neptuno” de las Fuerzas Especiales de Control de Drogas y Crimen Organizado (OCDETF), con la colaboración de la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
El programa OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Se puede encontrar información adicional sobre el Programa OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF.
El procurador General designó a Rosario como un Objetivo Organizacional Prioritario Consolidado (CPOT) de la OCDETF en 2019. La lista CPOT Interagencial del Procurador General (AG) está compuesta por líderes que ejercen “comando y control” de los elementos del narcotráfico/lavado de dinero de las organizaciones más prolíficas que tienen el mayor impacto en el suministro de drogas ilícitas a los Estados Unidos.
La lista CPOT representa a los “más buscados” del liderazgo del cártel y asegura que todas las capacidades del Gobierno de los EE. UU. estén enfocadas, de manera coordinada y clara, en un grupo acordado de objetivos de alto nivel.
Agentes adscritos a la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF) han estado investigando la organización narcotraficante (DTO) de Rosario desde 1994.
El CCSF es una fuerza de ataque de la OCDETF de múltiples agencias compuesta por agencias de aplicación de la ley federales y estatales, incluida la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI, el Servicio de Investigación de la Guardia Costera de EE. UU. (CGIS) y el Servicio de Alguaciles de los EE. UU., con la colaboración del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, FURA, Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., Patrulla Fronteriza de los EE. UU. e Investigación Criminal del IRS.
En el caso, están a cargo de la acusación el fiscal federal auxiliar Max J. Pérez-Bouret, jefe de la sección de Crimen Organizado Transnacional y la fiscal federal auxiliar Camille García. Los cargos fueron presentados originalmente por la fiscal federal adjunta Kelly Zenón.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con socios encargados de hacer cumplir la ley en San Martín para asegurar el arresto y la extradición de Rosario a los Estados Unidos.
Si es declarado culpable, Rosario enfrenta una posible sentencia de 10 años en prisión y hasta cadena perpetua.
OCDETF se estableció en 1982 para llevar a cabo ataques integrales de varios niveles contra las principales organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero y es la piedra angular de la estrategia de reducción de drogas del Departamento de Justicia.
Hoy en día, OCDETF combina los recursos y la experiencia de sus agencias federales miembros en cooperación con las fuerzas estatales y locales del orden público.
La misión principal del programa OCDETF es identificar, interrumpir y desmantelar las principales organizaciones de tráfico de drogas, organizaciones criminales transnacionales y organizaciones de lavado de dinero que presentan una amenaza significativa para la seguridad pública, económica o nacional de los Estados Unidos.
Una acusación es simplemente un alegato y todos los imputados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Luego de expresar las consideraciones y valoraciones en ese encuentro, convocaron para el próximo jueves 10 de febrero, a las 3:00 de la tarde, para debatir sobre la metodología que adoptarán para evaluar el contrato y lograr el consenso.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Económico y Social (CES) informó ayer que ya tiene en sus manos la comunicación del presidente Luis Abinader solicitándoles que inicien los debates acerca del contrato de fideicomiso público para administrar la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
El presidente de ese organismo, Rafael Toribio, dijo que desde el momento en que el mandatario manifestó en su discurso que les enviaría el proyecto de contrato de fideicomiso, la Comisión Ejecutiva del CES se reunió para expresar sus pareceres acerca del mismo.
En esa primera reunión estuvieron presentes Antonio Medina, Patricia Gómez de Jesús y Juana Ferrer Paredes, por el sector social; César Dargam, Luis Miura y Circe Almánzar, por el sector empresarial, y Rafael Abreu y José Miguel Fernández, por el sector laboral.
Luego de expresar las consideraciones y valoraciones en ese encuentro, convocaron para el próximo jueves 10 de febrero, a las 3:00 de la tarde, para debatir sobre la metodología que adoptarán para evaluar el contrato y lograr el consenso.
Toribio expresó que se planteará el diálogo con los sectores representados en el CES, así como otros actores que se estimen pertinentes, para conocer sus opiniones y buscar consensos sobre el fideicomiso de Punta Catalina.
La cantidad de prisión preventiva a su vez representa una carga económica para el gobierno, que debe mantener a los privados de libertad con el presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República, que tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La prisión preventiva, la principal medida de coerción que dictan los tribunales de atención permanente del país, a petición del ministerio público, ha contribuido con los elevados niveles de hacinamiento en las cárceles dominicanas, entre ellas La Victoria, tradicionalmente la más congestionada.
Esto se comprueba en las estadísticas del Poder Judicial sobre las medidas de coerción emitidas durante seis años. Además de la privación de libertad, los jueces están facultados a dictar otras seis medidas de coerción, las cuales permiten que se conozca un proceso judicial con los acusados libres.
En el período 2015-2020, los jueces de atención permanente colocaron 194,626 medidas de coerción a acusados de diversos delitos penales.
La que ocupa el primer lugar es la prisión preventiva, con 76,148, equivalente al 39.1%, según los datos de la Dirección de Análisis y Políticas Públicas del Poder Judicial, solicitados por Listín Diario a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.
Al verificar por año, en el 2017 fue cuando los tribunales dictaminaron la mayor cantidad de prisión preventiva, con un total de 14,311.
En el reporte se hace la observación de que los registros disponibles en base de datos a la fecha del informe pueden no contener información de determinados despachos judiciales.
Otras coerciones
Aunque no superan la prisión preventiva, las otras dos medidas de coerción frecuentes son la garantía económica, que se impuso en 61,602 casos, y la presentación periódica, en 31,133. Pero estas dos últimas por lo general van acompañadas de la prisión preventiva.
Las menos comunes son el arresto domiciliario, con 284, y el impedimento de salida, con 1,479.
Carga económica
La cantidad de prisión preventiva a su vez representa una carga económica para el gobierno, que debe mantener a los privados de libertad con el presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República, que tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario.
Esa institución cada año se queja de las bajas partidas que se le consignan, y ha reclamado un incremento.
Pero el propio ministerio público es que suele pedir prisión preventiva para garantizar que los imputados no se sustraigan del proceso penal, pues en ocasiones algunos se fugan y son declarados en rebeldía.
Algunas entidades han planteado que no se solicite prisión preventiva en casos de delitos menores, para descongestionar los recintos y así también disminuir la cantidad de presos preventivos, que se aproxima al 60 por ciento.
Principal problema
La Victoria constituye el “dolor de cabeza” del sistema penitenciario. En esa cárcel ubicada en el distrito municipal La Victoria, del municipio Santo Domingo Norte, están recluidas 7,582 personas, equivalente al 27.9 por ciento de la población penitenciaria de República Dominicana, que hasta el 26 de enero de 2022 ascendía a 27,146.
Allí es donde impera la mayor tasa de hacinamiento y ha sido la más difícil de controlar debido a la sobrepoblación.
Fuente: https://listindiario.com
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