En este más reciente caso en la palestra pública, gran parte de la sociedad ha visto con asombro que la propia adolescente envuelta en el mismo, ha narrado a las autoridades, adecuado al expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público para la solicitud de medidas de coerción, cómo su madre la inducía a sostener relaciones de pareja con personas de mayor edad que ella, en una franca violación no sólo a las leyes sino a todos los derechos de la menor.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: . – La notoriedad del caso que involucra a un pelotero de Grandes lLigas, acusado de mantener una relación de pareja con una menor de edad, ha puesto en el tapete una preocupante realidad que, además, es un “secreto a voces” que en algunos estratos sociales de República Dominicana se ha “normalizado” las uniones tempranas.
Esta situación, evidentemente constituye un lastre para las políticas y acciones que tanto desde el Estado, organizaciones sociales e incluso organismos internacionales, se han emprendido en el país para erradicar el matrimonio infantil o las uniones tempranas y en consecuencia los embarazos en adolescentes.
En este más reciente caso en la palestra pública, gran parte de la sociedad ha visto con asombro que la propia adolescente envuelta en el mismo, ha narrado a las autoridades, adecuado al expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público para la solicitud de medidas de coerción, cómo su madre la inducía a sostener relaciones de pareja con personas de mayor edad que ella, en una franca violación no sólo a las leyes sino a todos los derechos de la menor.
Es por ello que la progenitora también se ha convertido en persona de interés para las autoridades e incluso se le ha impuesto una medida de coerción, consistente en arresto domiciliario e impedimento de salida.
Ante este nuevo episodio que hoy vive la sociedad dominicana, se ha de recordar otros dos casos con trágicos finales, como el de Emely Peguero, unas adolescentes de 16 y un embarazo de cinco meses, asesinada en el 2017 por su pareja, Marlon Martínez, quien cumple una condena a 30 años de prisión. Y Esmeralda Richiez, también de 16 años y quien falleciera luego de que el profesor John Kelly Martínez, le practicara una relación «sexual violenta», según la experticia forense.
En mayo de 2023, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alertó que “las niñas que contraen matrimonio durante la infancia sufren consecuencias inmediatas y de por vida”.
Además, dijo que tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela y se enfrentan a un mayor riesgo de quedarse embarazadas precozmente, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que tanto ellas como sus hijos sufran complicaciones de salud o mueran.
“Esta práctica, también puede aislar a las niñas de sus familias y amigos, además de excluirlas de participar en sus comunidades, una situación que tiene graves consecuencias para su salud mental y su bienestar”, agregó la doctora Rosa Elcarte, representante de UNICEF en el país.
Experta señala esa es una forma de abuso
La experta en Psicología Infanto-Juvenil, Johanny Quiroz, consultada al respecto, consideró que el abuso infantil tiene muchas versiones y formas y “asumir o que se le fuerce a una adolescente a vivir vida y responsabilidades de adultos es abuso, aunque nuestra sociedad no lo ve de esa forma”.
Johanny Quiroz, experta en Psicóloga Infanto Juvenil
La especialista consideró que en ningún estrato social le parece válido o bien visto que los adultos busquen placer en adolescentes, “no es normal ni sano, aunque si común, lamentablemente”.
Dijo que aunque en República Dominicana existen leyes que se supone deberían regular las uniones de menores con personas mayores de edad, “sabemos que la realidad es que no se lleva registro de las mismas, primero, porque casi no se denuncia por los padres y segundo, porque lo que más hay es personas que infringen dichas leyes”.
En tal sentido, la profesional de la conducta estimó que hay que seguir educando a las generaciones que vienen.
Acciones y políticas
Como parte de las acciones para eliminar el matrimonio infantil en el país, así como garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales de las mujeres, las adolescentes y las niñas, el presidente Luis Abinader promulgó en enero de 2021, la Ley número 1-21 y con el mismo decreto declaró de alto interés nacional la articulación de una política de Estado de lucha contra la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Además, con esa misma disposición queda instituido el Gabinete de las Mujeres, las Adolescentes y las Niñas, coordinado y dirigido por el Ministerio de la Mujer.
Esta Ley 1-21 en su artículo uno establece que «tiene por objeto prohibir que las personas menores de dieciocho años contraigan matrimonio, mediante la modificación y derogación de varias disposiciones del Código Civil de la Ley No. 659 del 17 de julio de 1994, sobre actos del Estado Civil».
Asimismo, en su artículo 4 dispone que el Código Civil en lo adelante, en el artículo 144 establece que: «Las personas menores de dieciocho años no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia».
Ley 1-21, que prohíbe el matrimonio infantil, modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil de la República Dominicana y de la Ley número 659 sobre actos del Estado Civil.
También, desde el Gabinete de Niñez y Adolescencia, que encabeza la primera dama, Raquel Arbaje, se han definido políticas contra uniones tempranas y embarazo adolescente.
Matrimonios y uniones a temprana en RD, según ENHOGAR-MICS 2014 y 2019
Los hallazgos de las ENHOGAR-MICS 2014 y 2019, de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), revelan un panorama preocupante con altos porcentajes de mujeres casadas o unidas antes de cumplir la mayoría de edad e incluso, antes de los 15 años y a pesar de que los datos sugieren una ligera disminución entre los años analizados, esta no ha sido de gran relevancia; el porcentaje de mujeres de 20 a 49 años casadas o unidas antes de los 15 años de edad alcanzaba un 12.5 % para el año 2014 y un 11.3 % para el 2019, lo cual indica una diferencia de apenas 1.2 puntos porcentuales durante el quinquenio analizado.
Esta situación se agudiza, señala el informe de la ONE, al observar las cifras de aquellas casadas o unidas antes de los 18 años de edad, donde el porcentaje asciende a 37.1 % en el 2014 y a 35.0 % en el 2019, con una diferencia de 2.1 puntos porcentuales entre ambos años.
En su reflexión, el informe de la ONE señala que a pesar de que la República Dominicana cuenta con un amplio marco programático y legal, los hallazgos de las ENHOGAR-MICS 2014 y 2019 acerca de la situación del país respecto de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas muestran una situación alarmante.
La desigualdad de género y las normas sociales favorecen en gran medida, la ocurrencia de estos fenómenos, por lo que resta mucho que recorrer para dar fin a esta violación de derechos humanos; pese a esto, la ratificación de diversos acuerdos internacionales, así como la reciente promulgación de la Ley 1-21 que prohíbe el matrimonio a las personas menores de 18 años, constituyen avances importantes en esta dirección.
Se destaca que en esta problemática intervienen diversos factores que denotan su complejidad y que sugieren una relación con la pobreza, entre los que se encuentran un menor nivel educativo de la madre, ser miembros de hogares pertenecientes a los quintiles de riqueza más pobres, residir en la zona rural y/o en las regiones fronterizas.
Si bien en algunos casos se evidencia una ligera disminución entre los años analizados, es necesario considerar los posibles efectos de la pandemia por el COVID-19, específicamente en lo relativo al cierre de las escuelas y al impacto económico de dicha crisis sanitaria en los hogares.
UNICEF: Se dificulta la lucha para poner fin al matrimonio infantil
En un análisis publicado a mediado del año 2023 y pese a que el matrimonio infantil ha disminuido de forma constante en la última década, las múltiples crisis actuales —en particular los conflictos, las perturbaciones climáticas y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19— amenazan con revertir los logros que con tanto esfuerzo se han alcanzado.
Y en el caso de República Dominicana destacó que en un período comprendido entre los años 2014-2019, las uniones tempranas de menores de 18 años se han reducido de 37 % a 32 %.
“Este descenso ha sido más relevante en las niñas de estratos más pobres, de 59 % a 49 %. Sin embargo, citó que en el país no hay datos de cómo afectaron los efectos de la pandemia de la COVID-19.
“En los últimos años, el país ha logrado importantes avances, siendo algunos ejemplos la prohibición del matrimonio infantil en 2021 y la aprobación de la Política sobre la Prevención y Atención de las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes.
Pero las cifras siguen estando entre las más elevadas de Latinoamérica y está lejos de lograr la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el #5”, dijo la doctora Rosa Elcarte, representante de UNICEF.
No obstante, en toda la región de América Latina y el Caribe se visualiza el camino de registrar el segundo nivel regional más alto de matrimonios infantiles en 2023.
Contexto regional
En cuanto al contexto regional, estadísticas publicadas por UNICEF revelan que en América Latina y el Caribe, una de cada cuatro mujeres jóvenes, contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión antes de cumplir los 18 años de edad; de este modo ocupa el tercer lugar entre las regiones con mayores porcentajes de matrimonio infantil y uniones tempranas.
La gravedad de esta situación se pone de manifiesto al considerar que la prevalencia de esta problemática en la región (25 %) es superior a la tasa mundial (21 %) y que las cifras no se han reducido en las últimas dos décadas y media, por lo que si continuara a este ritmo, la región podría pasar a ocupar el segundo lugar a nivel mundial.
La misma fuente revela, que las niñas más vulnerables son aquellas que pertenecen a los quintiles de ingreso más bajos, las que viven en áreas rurales y las que pertenecen a grupos originarios y/o afrodescendientes.
Ante esta situación prevaleciente se hace necesario que el Gobierno, organismos y la sociedad en su conjunto asuman el compromiso firme, no sólo de hacer cumplir las disposiciones legales y los tratados internacionales a los que el país se ha adherido, sino de seguir impulsando políticas públicas tendentes a educar y concienciar a las familias para ir reduciendo esos altos índices de uniones tempranas.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do
