El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. Sin embargo, el 88 % de la población no utilizó este criptoactivo en 2023, según una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

El Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Educación, impartirá a estudiantes de primaria de las escuelas públicas información sobre bitcóin, una criptomoneda de curso legal en el país junto al dólar estadounidense, aunque no se registra un uso masivo entre la población.

De acuerdo con información de la estatal Oficina Bitcóin consultada este sábado por EFE, el Ministerio de Educación junto con expertos extranjeros crearán el contenido que será transmitido a los estudiantes.

El titular de Educación, José Mauricio Pineda, indicó en un mensaje en la red social X, sin detallar sobre el proyecto, que "esta gran oportunidad me permitirá compartir conocimientos sobre Bitcoin en escuelas públicas del país".

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. Sin embargo, el 88 % de la población no utilizó este criptoactivo en 2023, según una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Para 2022 se esperaba que el Gobierno salvadoreño colocara bonos de bitcóin, conocidos como Bonos Volcán, por 1.000 millones de dólares para financiar la construcción de Bitcóin City en el oriente del país, pero no se realizó dicho movimiento financiero ni la construcción del proyecto.

La información sobre las supuestas compras y los más de 200 millones invertidos en la iniciativa se ha puesto bajo secreto por parte de las instituciones gubernamentales y se conoce únicamente lo que Bukele publica en la red social X.

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada en el mundo, ha roto varios récords en los últimos días hasta un techo de casi 73.800 dólares, impulsado por la proximidad del evento de 'halving', previsto para abril, que reducirá a la mitad la recompensa que obtienen los "mineros" de la criptodivisa y reducirá la creación de nuevas unidades.

Bukele anunció el jueves que su Gobierno transfirió a una 'billetera fría', como se conoce a dispositivos físicos para almacenar criptomonedas sin conexión a internet, "gran parte" del criptoactivo acumulado por el país.

Sin entrar en detalles, el presidente dio la información a través de una publicación en la red X que acompañó con una imagen según la billetera física almacenaría 5.689 bitcoines.

Fuente: https://listindiario.com/

El equipo legal de Trump argumenta que la llamada Ley de Registros Presidenciales le da a este autoridad para considerar los documentos como personales y retenerlos tras su presidencia, y, por lo tanto, le protege ante la ley.

La jueza Aileen Cannon se negó ayer jueves a desestimar 32 cargos del caso penal en Florida por el mal manejo de documentos confidenciales contra el expresidente y precandidato republicano Donald Trump tras dejar la Casa Blanca en 2021, según los documentos de la corte.

"Tras una revisión cuidadosa de la moción, las presentaciones relacionadas y los argumentos planteados durante la audiencia, la moción del demandado (Trump) es denegada", indicó en su fallo la jueza Cannon en una corte de Fort Pierce, en la costa este de Florida, donde se ventila el caso.

La jueza, nominada por Trump durante su mandato (2017-2021), explicó que, "a pesar de que la moción plantea varios argumentos que merecen una consideración seria, el tribunal finalmente determina, luego de un extensa argumentación oral", dictar en contra de la moción del exmandatario por "prematura", según el documento de dos páginas al que tuvo acceso EFE.

Los cargos penales del 1 al 32 están relacionados con "la "retención voluntaria de información de la defensa nacional" y "conspiración para obstruir a la justicia". En la moción de 20 páginas presentada el 22 de febrero pasado, Trump solicitaba a la jueza que estos cargos fuesen desechados por "vaguedad inconstitucional".

Cannon señaló que la resolución de la cuestión general depende demasiado de "cuestiones de instrucción impugnadas sobre definiciones aún fluctuantes" y que, por esa razón, "en lugar de decidir ahora prematuramente (…), el tribunal opta por denegar la moción" basada en la "vaguedad inconstitucional" y decide no desestimar los cargos 1 al 32.

Trump acudió ayer jueves a una audiencia en la citada corte en la que su defensa buscaba desestimar algunos o todos los cargos penales por el mal manejo de documentos confidenciales en dos mociones.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que desde el año 2014 habrían muerto o desaparecido unas 380 personas en el Tapón del Darién, pero se trata únicamente de una estimación. Los servicios migratorios panameños tienen identificadas 226 víctimas desde 2019, pero tampoco se atreven a dar una cifra aproximada global.

El Tapón del Darién, una zona selvática de 17.000 kilómetros cuadrados, que conecta Colombia y Panamá, ha sido en estos últimos años una ruta de paso recurrente para los migrantes. Datos recabados por la ONU muestran que, en su mayoría, se trata de ciudadanos de origen venezolano que han sido sometidos a malos tratos, abusos o amenazas durante un trayecto que puede llegar a prolongarse hasta diez días.

Desde 2021, casi 900,000 personas han cruzado esta selva, con más de medio millón de casos sólo en 2023, según las estadísticas del servicio de Migración panameño, que dan cuenta también de más de 36,000 cruces en enero de 2024. La media de edad ronda los 33 años, pero uno de cada cinco son menores de edad y prácticamente la mitad de las personas entrevistadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) confirma que viaja con toda la familia.

Por procedencia, un 68 por ciento son originarios de Venezuela, si bien para el 46 por ciento su último país de residencia ha sido Colombia, según este estudio, que pretende arrojar una imagen aproximada de la situación en la zona. El motivo más citado para emigrar desde el país de origen es la violencia y la inseguridad (61 por ciento), seguido de la necesidad de buscar un empleo (57 por ciento), si bien este último aspecto destaca entre las razones para abandonar el lugar último de residencia.

Para nueve de cada diez migrantes, Estados Unidos es el objetivo final, mientras que apenas el 1 por ciento quiere quedarse en Panamá. Las oportunidades económicas mueven al 50 por ciento de las personas entrevistadas por ACNUR, si bien también suponen un factor de movilización la reunificación familiar (40 por ciento) o encontrarse con amigos (29 por ciento).

La mitad de los migrantes afirma que se informó de la travesía a través del testimonio de amigos y familiares y un 56 por ciento admite que pagó a alguien para que le guiara por la selva. Las ONG han denunciado de manera reiterada el papel de estas redes de tráfico de personas, que terminan abusando de su poder sobre unas personas que tardan una media de tres días en cruzar de Colombia a Panamá.

Tres de cada cinco ha sufrido malos tratos o abusos durante el viaje y casi seis de cada diez ha sido víctima de robos o fraude. Al recordar su tránsito por la selva, un 72 por ciento confirma que le ha impactado el nivel de inseguridad, mientras que un 13 por ciento señala que tenía miedo a perderse.

De hecho, una de las incógnitas de este territorio inhóspito es cuántas vidas se ha cobrado. Un 18 por ciento de las personas consultadas por ACNUR en enero cita entre las situaciones que más le han afectado en su viaje el hecho de haber visto cadáveres –entre uno y siete en la semana previa a la recolección de los datos, según la ficha técnica de la encuesta–.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que desde el año 2014 habrían muerto o desaparecido unas 380 personas en el Tapón del Darién, pero se trata únicamente de una estimación. Los servicios migratorios panameños tienen identificadas 226 víctimas desde 2019, pero tampoco se atreven a dar una cifra aproximada global.

La directora de Migración, Samira Gozaine, reconoció en un reciente foro que "nunca se conocerá el número real". Personas, según sus propias palabras que "perdieron la vida en el intento por tener una mejor vida y que nunca serán repatriados a sus casas, porque sus cuerpos se los tragó la selva".

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció en un reciente informe el nivel "extremo" de brutalidad al que eran sometido los migrantes, advirtiendo de que en una única semana de febrero sus equipos habían atendido a 113 personas por agresiones sexuales, entre ellas nueve menores. La ONG teme que la tendencia vaya incluso a más, en un contexto marcado también por la impunidad con la que suelen operar los atacantes.

Una docena de hombres armados basta para retener a un grupo de varios cientos de migrantes a los que amenazan y agreden, incluso delante de sus familias. Negarse a acatar las órdenes, puede suponer un castigo aún mayor, como cuenta el coordinador general de MSF en Panamá y Colombia, Luis Eguiluz: "Diversos migrantes nos han detallado cómo los que se negaban a colaborar eran asesinados a tiros".

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