En esta ocasión, trabajan para mantener la confianza de los inversionistas, quienes comienzan a sentir incertidumbre por la manera en la que se desarrolló en el país una red de estafa inmobiliaria que afectó a más de 300 víctimas y ascendió aproximadamente a 700 millones de pesos.
República Dominicana: Los sectores construcción e inmobiliario han sido resilientes a decenas de impactos que afectan su desarrollo. En esta ocasión, trabajan para mantener la confianza de los inversionistas, quienes comienzan a sentir incertidumbre por la manera en la que se desarrolló en el país una red de estafa inmobiliaria que afectó a más de 300 víctimas y ascendió aproximadamente a 700 millones de pesos.
La inquietud la presentó a Diario Libre la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, quien destacó que los casos de fraude que se han expuesto representan una ínfima parte del sector, pero la trascendencia del caso más reciente, desmantelado mediante la operación Nido, ha generado una "percepción incorrecta".
"El caso de la operación Nido que, siendo un hecho aislado, ha afectado la imagen del sector y la marca país, ha afectado la percepción del sector", manifestó la ejecutiva. Indicó que el caso se ha convertido en uno de los más importantes procesados por la justicia, por el que se les impuso medida de coerción a siete personas. Sin embargo, aclaró que fue una acción que no refleja la realidad de la industria.
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"Por este caso ha surgido toda una inquietud en la población no sólo nacional sino también en la diáspora, preocupada por la seguridad jurídica del país ante la inversión inmobiliaria, y nosotros queremos llevar la información de que no es así", expresó.
Solicitudes de casos judiciales
El Poder Judicial registró durante el primer trimestre del presente año 25,485 solicitudes de atención a casos inmobiliarios, los cuales representan un 8.5 % de 298,322 solicitudes recibidas en esos tres meses.
De hecho, el órgano establece que ha dado respuesta a la mayoría de los casos, con un total de 4,857 órdenes pendientes entre enero y marzo de este 2024; las demás ya fueron verificadas en la jurisdicción correspondiente.
Pero, si se evalúan las solicitudes en un rango mayor, se puede observar que los temas relacionados a inmuebles, no necesariamente estafas, alcanzaron 272,946 en cinco años. Este número de casos representa el 14.8 % de todas las solicitudes recibidas por el Poder Judicial en el periodo 2019-2023.
"La gente tiene la percepción de que hay más estafas ahora que antes y no es así. La realidad es que ha aumentado la cantidad de viviendas y con ellas la comercialización", aseguró la ingeniera, al hacer referencia al desarrollo del comercio a través del Registro de Oferta y Edificaciones (ROE) que se publica semestralmente.
Para el primer semestre del 2023, el ROE documentó que solo en la Región Metropolitana, integrada por el Distrito Nacional y Santo Domingo, había 40,544 obras destinadas para vivienda, para un aumento del 16.3 % respecto al segundo semestre del 2022.
Made with Flourish
La presidenta de Acoprovi calculó que la cantidad de unidades que han sido objeto de ofertas fraudulentas es de aproximadamente 100 edificaciones a nivel nacional, sustentando su planteamiento de que significa una baja proporción del sector. "La inversión inmobiliaria es muy segura en el país", sostuvo.
"Las personas que no tienen mucho conocimiento de que son temas aislados lo han visto como una debilidad del sector, cuando no es así. Tenemos que llevar información y orientación a las personas que están interesadas en adquirir viviendas", añadió.
Formarán coalición para fortalecer sector
Meléndez informó que se está en el proceso de formalizar una coalición con los actores más vulnerables del sector, encabezada por Acoprovi, para concertar un esquema de mejores prácticas en la que se distinga un manual explicativo para orientar a la población sobre las acciones necesarias para verificar la legalidad de un inmueble.
Entre las asociaciones que participarán en la conformación de la estrategia privada que busca fortalecer los sectores de la construcción, inmobiliario y afines, se encuentran la de promotores y constructores del Cibao (Aprocovici), de La Altagracia (Adecla), de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) y Dominicana de Rentas Cortas (Adoreco), y la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon).
Algunas recomendaciones para confirmar legalidad
Las entidades elaboraron una guía de 10 pasos para indicarles a los futuros adquirientes lo que deben hacer y conocer antes de invertir. Dentro de las principales recomendaciones están verificar la reputación de la empresa en el mercado e identificar elementos que coincidan con los patrones de venta de otros proyectos, como el precio según el tamaño de la unidad.
Asimismo, confirmar la solidez de la inversión del proyecto mediante respaldos económicos, como el desarrollo bajo fideicomiso, desarrolladores exitosos y respaldo financiero de la banca, es decir, edificaciones que se oferten con facilidades otorgadas por entidades financieras reguladas.
El 3 de enero del 2024, la Procuraduría General de la República informó sobre el apresamiento de Emmanuel Rivera Ledesma, un empresario inmobiliario que estafó a más 300 personas a través de la venta de inmuebles de siete proyectos que ofertaba bajo la firma de su empresa Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq).
El Ministerio Público denominó la estrategia de desarticulación del entramado operación Nido, a través de la cual se realizaron 25 allanamientos a nivel nacional para lograr apresar otras seis personas que formaban parte de la supuesta red de estafa, con la que defraudaron aproximadamente 700 millones de pesos.
Además de Rivera Ledesma, el Ministerio Público acusa a Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), María Gabriela Rivera Pichardo (hija), Escarlet Mercedes Cruz Figueroa (esposa de Rivera Ledesma), Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma (hermana) y Juan Omar Rosario López.
La investigación establece que los involucrados crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. Para ello, utilizaron los vehículos societarios Indisarq, SRL; CRD Equipos Pesados, SRL; el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL.
Debido a la consecución de más de 200 elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, los imputados están cumpliendo medidas de coerción, algunos de 18 meses, mientras las autoridades continúan el proceso de investigación.
Fuente: https://www.diariolibre.com
