Durante la actividad realizada en la comunidad El Aguacate de Toma, los participantes aseguraron que defenderán las tierras donde, según afirman, han vivido varias generaciones de sus familias y que han dedicado al cultivo agrícola y a la conservación de los recursos naturales de la zona.
SANTIAGO RODRÍGUEZ, República Dominicana:– Decenas de campesinos de distintas comunidades de la provincia Santiago Rodríguez, se congregaron este domingo para reclamar la legitimidad de los terrenos que ocupan desde hace más de 100 años y denunciar un presunto intento de desalojo por parte del exdiputado Alejandro Jerez Espinal.
Durante la actividad realizada en la comunidad El Aguacate de Toma, los participantes aseguraron que defenderán las tierras donde, según afirman, han vivido varias generaciones de sus familias y que han dedicado al cultivo agrícola y a la conservación de los recursos naturales de la zona.
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De acuerdo con los comunitarios, los terrenos en disputa están ubicados en las comunidades Cabirma Abajo, Cabirma Al Medio, Cabirma Arriba, Cenoví, Palero, Loma de Cana, Los Auquelles, La Sidra, Coquí y El Aguacate de Toma, entre otras localidades de la parte sur de la provincia.
Los manifestantes sostienen que son los legítimos ocupantes de esos predios, donde nacieron sus padres, abuelos y bisabuelos. Asimismo, destacaron que durante décadas han contribuido a la protección de los bosques y de las fuentes acuíferas que abastecen de agua a gran parte de la región noroeste.
La actividad contó con la participación de representantes de la Federación de Juntas de Vecinos, la Coalición Ambiental del Noroeste, Naturaleza Mao y la Unión de Asociaciones Campesinas de la Sierra.
Durante el encuentro, el agrimensor Mendy Mendoza explicó que los terrenos se encuentran enclavados en la cordillera Central, en una zona colindante con las provincias San Juan y Elías Piña. En ese sentido, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga en el conflicto, investigue la situación, disponga la entrega de títulos definitivos y evite desalojos que, a su juicio, vulnerarían derechos históricos de las comunidades.
Mendoza afirmó que existe documentación emitida por el Tribunal Superior de Tierras de Santiago relacionada con un proceso de deslinde iniciado en 1948 y concluido en 1964, mediante el cual, según dijo, se reconocieron derechos sobre esas parcelas a numerosas familias de la zona. Indicó que debido a la extensión del expediente, que supera las 400 páginas, nunca se completó la expedición de los títulos de propiedad correspondientes.
El agrimensor calificó como un “abuso” las reclamaciones que, según denunció, realizan personas ajenas a la comunidad sobre terrenos ocupados históricamente por familias serranas. Asimismo, señaló que este tipo de conflictos se han venido registrando desde la década de 1980.
Finalmente, los comunitarios reiteraron su decisión de mantenerse en defensa de los terrenos que ocupan y solicitaron una mayor intervención de las autoridades nacionales para resolver la situación. Bajo la consigna “Ni nos sacan, ni nos vamos”, expresaron que continuarán su lucha hasta obtener seguridad jurídica sobre las tierras que aseguran haber habitado durante generaciones.
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