Los imputados enfrentarán cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos, mientras el Ministerio Público amplía las investigaciones para determinar la participación de otros empleados y colaboradores vinculados a la presunta estructura criminal.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– El Ministerio Público puso en marcha la Operación Onco14, mediante la cual arrestó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, acusados de integrar una estructura que presuntamente desvió millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos del régimen subsidiado.
La operación, ejecutada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, incluyó el arresto de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
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También fueron detenidas Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exvicepresidenta del patronato.
Según el Ministerio Público, los imputados, junto a las razones sociales Vargas Lora & Asociados, hoy Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, habrían utilizado diversos mecanismos fraudulentos para sustraer fondos destinados a la atención médica de pacientes con cáncer.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, explicó que esta es la tercera estructura desmantelada como parte de las investigaciones relacionadas con el fraude al SeNaSa, iniciadas tras la Operación Cobra.
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos, documentos, equipos informáticos, teléfonos celulares, un DVR y títulos de propiedad, entre otras evidencias.
Los imputados enfrentarán cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología, acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos, mientras el Ministerio Público amplía las investigaciones para determinar la participación de otros empleados y colaboradores vinculados a la presunta estructura criminal.
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