El jurista calificó esta actuación como inaceptable y contraria al ordenamiento jurídico dominicano, recordando que la misma está tipificada y sancionada por el artículo 186 del Código Penal, el cual establece que los funcionarios públicos, incluyendo agentes policiales, que en el ejercicio de sus funciones y sin motivo legítimo utilicen violencia contra las personas, serán castigados en función de la gravedad de los hechos.
SANTO DOMINGO, República Dominicana: –El abogado Luis Yépez Suncar expresó su más enérgica indignación ante la circulación en las redes sociales de un video que muestra la conducta violenta e inapropiada de un coronel de la Policía Nacional, quien agredió físicamente a una joven, tomándola por los cabellos y lanzándola de manera agresiva al suelo, en un hecho ocurrido recientemente en el sector de Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este.
El jurista calificó esta actuación como inaceptable y contraria al ordenamiento jurídico dominicano, recordando que la misma está tipificada y sancionada por el artículo 186 del Código Penal, el cual establece que los funcionarios públicos, incluyendo agentes policiales, que en el ejercicio de sus funciones y sin motivo legítimo utilicen violencia contra las personas, serán castigados en función de la gravedad de los hechos.
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Subrayó, además, que la situación reviste mayor gravedad al tratarse de una mujer la víctima de dicha agresión.
Yépez Suncar puntualizó que, si bien la Policía ostenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza para la protección de vidas y propiedades, este debe ejercerse únicamente cuando las circunstancias lo justifiquen y siempre bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
En ese sentido, advirtió que cuando la actuación policial degenera en abuso o exceso, los ciudadanos tienen el derecho y el deber de interponer las querellas correspondientes, a fin de judicializar estos atropellos y procurar la imposición de las sanciones condignas que establece la ley.
Finalmente, enfatizó que en un Estado de derecho no puede tolerarse que miembros de los cuerpos del orden sobrepasen los límites de su autoridad, agrediendo injustificadamente a los ciudadanos a quienes están llamados a proteger.
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