La presidenta del tribunal, Arlín Ventura Jiménez, dijo que la prensa y cualquier ciudadano "tendrá el derecho de procurar la información pertinente de todo lo que se está dilucidando" en la actual etapa del proceso penal, pero les será "vedado" grabar las imágenes de los acusados para salvaguardarles su derecho a la presunción de inocencia.
Santo Domingo, Republica dominicana.- La presidenta del Tercer Tribunal Colegiado prohibió a la prensa tomar fotografías de los imputados en el caso de explotación sexual a 84 extranjeras denominado Cattleya, cuyo juicio de fondo empezó finalmente la pasada semana y este miércoles se desarrolló la segunda audiencia.
La presidenta del tribunal, Arlín Ventura Jiménez, dijo que la prensa y cualquier ciudadano "tendrá el derecho de procurar la información pertinente de todo lo que se está dilucidando" en la actual etapa del proceso penal, pero les será "vedado" grabar las imágenes de los acusados para salvaguardarles su derecho a la presunción de inocencia.
La magistrada acogió una solicitud que hizo uno de los abogados de los encartados, petición a la que se acogieron los demás defensores.
Mayoría de víctimas eran colombianas
Según la acusación, los miembros de la red captaron a las 84 víctimas "bajo engaño" cuando apenas cumplían la mayoría de edad, "aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad y ofreciéndoles un trabajo lícito con buena remuneración".
Las jóvenes, de entre 18 y 23 años, en su mayoría colombianas, eran explotadas sexualmente en el Distrito Nacional, Bávaro, Punta Cana y la provincia La Altagracia, por el grupo que obtenía altas sumas de dinero como ganancias, según indica la acusación.
De las 84 jóvenes, 77 eran colombianas y dos venezolanas.
Cuando arribaban al país se les informaba que la deuda contraída con la red oscilaba entre tres mil (US$3,000) a cuatro mil dólares estadounidenses (RD$4,000) por concepto de los trámites de viajes, boletos aéreos, obtención de pasaporte u otros, la cual tenían que saldar con su cuerpo.
Se utilizaba la coacción del terror psicológico, amenazándolas con hacerles daño a sus familias en sus respectivos países, agrega la acusación del órgano persecutor.
El grupo de supuestos explotadores sexuales estableció un esquema que incluía el pago mínimo en el Distrito Nacional por cada cliente de cinco mil pesos (RD$5,000) para tener contacto sexual con una de las víctimas dentro de un hotel, por una hora.
En Bávaro, Punta Cana, el servicio sexual implicaba un costo de cien dólares (US$100.00) a ciento cincuenta dólares (US$150,000) por una hora.
Los acusados
Los señalados en la red, 17 personas físicas y una de ellas jurídica, son José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Oliver Arnaud Lewinksi o Timothy William Case, Alejandro Arturo García Bustamante (a) Gago, José Alberto Rosario Soriano (a) Pelotero o Cirujano y Oscar Wilcenne.
También enfrentan el juicio de fondo Marie Fokina Achille (a) Fior o Flores, María Paula Murillo Vargas, Melvin José Valentín Peguero (a) Melvin, Robert Lee Eleuterio Paniagua Diaz (a) Robert, Dionicio Mieses de la Cruz (a) Dionis, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz, Zafiro Nathaly Sánchez González, Engel Neftali Vargas Soto (a) Ángel, Braulio Manuel Lugo y la razón social Hotel Oscar Inn Santo Domingo, S.R.L
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