De acuerdo a Valentín Santos, la citada fiscal ha mantenido detenido por más de cinco semanas a un joven, «erróneamente implicado» en un caso debido a una confusión de identidad. El joven, cuya única «culpa» es compartir el nombre de otra persona involucrada en un incidente en Mao, ha sufrido privación de libertad «sin causa justa».
SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, levantó su voz contra la supuesta injusticia perpetrada por la procuradora fiscal del Departamento de Captura de Prófugos Rebelde de Santiago, Merary Guzmán.
De acuerdo a Valentín Santos, la citada fiscal ha mantenido detenido por más de cinco semanas a un joven, «erróneamente implicado» en un caso debido a una confusión de identidad. El joven, cuya única «culpa» es compartir el nombre de otra persona involucrada en un incidente en Mao, ha sufrido privación de libertad «sin causa justa».
A través de un comunicado enviado este jueves, alegó que la Segunda Sala de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, del distrito judicial de Santiago, ha emitido una certificación confirmando que la persona condenada no es la misma que se acusa de haber cometido el delito que motivó la detención del joven en cuestión. «Es evidente que la prisión de este individuo es ilegal, una afrenta a los derechos más básicos y un claro abuso de autoridad».
En vista de esta situación alarmante, el director nacional de la Defensa Pública hizo un llamado urgente a la procuradora general de la República, Mirian Germán, y al Consejo Superior del Ministerio Público. «Exigimos que se tomen medidas inmediatas para garantizar que la fiscal responsable de este encarcelamiento ilegal rinda cuentas por sus acciones».
Finalmente, dijo que la justicia no puede permanecer indiferente ante casos tan «flagrantes de abuso de poder y violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Instamos a las autoridades pertinentes a tomar medidas inmediatas para rectificar esta injusticia y asegurar que se respeten los principios más básicos de nuestro sistema judicial».
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