SANTO DOMINGO, República Dominicana: – El abogado Blas Minaya, defensa de dos de los imputados en la Operación Calamar, aseguró que aunque la solicitud de medida de coerción es bastante amplia, y el hecho de que sea voluminosa, no significa que tenga fundamento jurídico. “Habrá que ver la responsabilidad penal individual de cada quien”, dijo, tras señalar que hay que velar por el respeto del debido proceso a los derechos fundamentales y la dignidad humana.
El defensor de los hermanos Emil y Ana Linda Fernández añadió que, en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se conocerá la medida de coerción el domingo, expondrá algunas cuestiones relacionadas al debido proceso.
En ese orden expresó que hay que verificar el cumplimento cabal de las normas procesales, dejando entrever que existen algunas deficiencias que oportunamente planteará en el tribunal.
Estas declaraciones fueron ofrecidas cuando la prensa lo abordó sobre la solicitud de medida de coerción que ha depositado el Ministerio Público que consta de más de 2 mil páginas.
En el supuesto entramado de corrupción instaurado en el Ministerio de Hacienda, con el exministro Donald Guerrero Ortiz a la cabeza, de donde se distrajeron de distintas instituciones del Estado dominicano al menos 19 mil millones de pesos.
Por la presunta red de corrupción están apresados el excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
En el caso figuran, además, el excontralor general Daniel Omar Caamaño; el pasado director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del órgano persecutor en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
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