Rosario dijo que los legisladores de esa organización definirán la posición oficial del partido que preside el exmandatario, Leonel Fernández. «Puedo adelantar que la Fuerza del Pueblo solo apoyará aquello que esté conteste con la Constitución», dijo Rosario.
República Dominicana: El dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, reveló que esa organización fijará una posición oficial sobre el proyecto de ley de Extinción de Dominio que se discute en el Senado de la República en las próximas horas.
Durante una entrevista realizada en el programa El Matinal, que se transmite por Telemicro, canal 5, Rosario dijo que los legisladores de esa organización definirán la posición oficial del partido que preside el exmandatario, Leonel Fernández.
Hasta el momento tanto los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) se han manifestado a favor de la iniciativa, aunque no han logrado el consenso sobre las prerrogativas que otorga esta pieza en cuanto a la persecución del enriquecimiento ilícito.
«Puedo adelantar que la Fuerza del Pueblo solo apoyará aquello que esté conteste con la Constitución», dijo Rosario durante la entrevista.
Se recuerda que el principio de irretroactividad de la ley ha provocado un impase mayormente entre los del PRM y del PLD porque los segundos consideran que aprobar la pieza con este aspecto sería inconstitucional lo que provocaría que la misma sea sancionada por el Tribunal Constitucional de la República.
Hasta el momento, algunos establecen que el partido oficialista podría contar con el apoyo de los congresistas de la Fuerza del Pueblo que podrían servir como especie de palanca para impulsar la aprobación del proyecto en la Cámara Alta, sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada por los de la organización verde.
Tras el impase creado por el principio de irretroactividad de la ley, se estableció el concepto de retrospectividad, que es una especie de respuesta a las transgresiones a los derechos que puede ocasionar la retroactividad. Es decir, es la facultad de una nueva ley para aplicarse previo a su promulgación a algo o alguien que ya era regulado por otra; pero que por alguna razón sus efectos jurídicos no son aplicados.
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