Otras fuentes para el Estado son los ingresos de los impuestos especializados para el pago complementario de los recursos humanos del sector salud; los impuestos a las ganancias de los premios mayores, a los juegos de azar autorizados
República Dominicana: Gracias al aumento de 22.5 pesos adicionales que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó el pasado 24 de marzo al per cápita del Seguro Familiar de Salud (SFS) en el régimen subsidiado, sus beneficiarios podrán tener acceso a una mayor cobertura en procedimientos antes no contemplados, tales como trasplante renal, reconstrucción mamaria por cáncer, mastectomía por reducción de riesgo o correcciones a dificultades operativas.
Esos 22.5 pesos elevan hasta 259.43 pesos el monto del per cápita a los afiliados en el régimen subsidiado, pensionados y jubilados y, al calcular el costo general que implica el aumento, que impacta a 5.8 millones de personas, el CNSS determinó que será de 660 millones de pesos.
¿De dónde provendrán esos recursos? Conforme la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el régimen subsidiado se financia con las aportaciones del Estado dominicano. Se dispondrá de diversas fuentes para poder responder las demandas del servicio.
La primera de ellas son las partidas del presupuesto del Ministerio de Salud Pública destinadas al cuidado de la salud de las personas; siguen las partidas gubernamentales para programas de asistencia social; las destinadas a contratar los seguros de salud y planes de pensiones de los departamentos de la administración pública.
Otras fuentes para el Estado son los ingresos de los impuestos especializados para el pago complementario de los recursos humanos del sector salud; los impuestos a las ganancias de los premios mayores, a los juegos de azar autorizados y a los beneficios obtenidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las empresas proveedoras de Servicios de Salud.
El Estado también cuenta como fuente de recursos, los bienes confiscados por sentencia definitiva a los traficantes de drogas, de contrabando o de cualquier otro ilícito; las utilidades obtenidas por las empresas públicas capitalizadas y los patrimonios sin herederos.
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