El aplazamiento, en esta oportunidad, se debió a que el imputado en el caso de corrupción de la Operación Coral apoderó a un nuevo abogado privado para llevar su caso, el licenciado Oscar Villanueva, quien solicitó tiempo para conocer el recurso.
República Dominicana: La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión el conocimiento de un recurso con el que el sargento de la Armada Alejandro Montero Cruz procura que le varíen la prisión preventiva por una medida cautelar menos severa.
El aplazamiento, en esta oportunidad, se debió a que el imputado en el caso de corrupción de la Operación Coral apoderó a un nuevo abogado privado para llevar su caso, el licenciado Oscar Villanueva, quien solicitó tiempo para conocer el recurso.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), no se opuso y el tribunal fijó para el próximo lunes la discusión del recurso.
En audiencia anterior, la corte decretó el abandono de la defensa del sargento de la Armada y le fue asignado un defensor público. Anteriormente, el magistrado Camacho había calificado como reprochable la actitud procesal de la defensa del imputado, ya que son quienes presentaron el recurso.
Wilson Camacho le aclaró a Alejandro Montero Cruz que mientras más se retrase en conocerse el recurso de apelación, en esa misma medida se retrasará la revisión obligatoria de su medida de coerción.
Los jueces de la Primera Sala de la Corte que llevan el caso son Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez García y Carmen Mancebo.
En mayo de este año la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva contra el sargento Montero Cruz, así como del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.
A Raúl Alejandro Girón Jiménez se le impuso el arresto domiciliario por razones de seguridad, y por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El entramado criminal supuestamente desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
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