La Organización Internacional de los Derechos Humanos junto a la joven Gabriela Morán, que fue rociada con el denominado ácido del diablo y cuyos autores materiales están prófugos, exhortaron a la procuradora general de la República y al director de la Policía Nacional que profundicen las investigaciones para que los autores de ese hecho sean condenados.
El 4 de junio de este año, justo el día de su cumpleaños, la vida de Gabriela Morán, cambio cuando dos hombres, aparentemente drogados, le lanzaron el ácido del diablo que le cayó en el brazo izquierdo y en la pierna del mismo lado, supuestamente pagados por su expareja Héctor Willy Reyes de Los Santos, quien está preso y este lunes 13 se les conocerá una audiencia al cumplirse los tres meses de medida de coerción.
La joven mujer, madre de cuatro hijos, dijo temer porque si Reyes de los Santos es puesto en libertad podría atentar contra su vida al igual que los otros dos hombres que están prófugos, por lo que instó a la procuradora Miriam Germán Brito y al director de la Policía, mayor general Edward Ramón Sánchez, a que profundicen las investigaciones de su caso, al igual que el de otras víctimas para que se haga justicia.
Explicó que tres días antes del hecho su expareja, con quien vivió durante cinco años, la había llamado para que se reconciliaran, luego de tres meses separados, la invitó a un resort y que ella la rechazó.
Afirmó que cuando al autor intelectual le dictaron los tres meses de medidas de coerción fue para cumplirlos en La Victoria, pero que por poder del dinero lo dejaron en el destacamento de Villa Colina, en el mismo sector.
Por su lado, Alberto Díaz, presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos (OIDH) dijo que el caso de Gabriela es similar al de otras mujeres que han sido víctimas de despiadados que lanzan ácido del diablo y pagan para ello.
Indicó que ese tipo de crimen avanza sigilosamente en el país, por lo que solicitó una exhaustiva investigación a la procuradora Germán.
Llamó la atención de la representante del ministerio públicos porque en el caso de Santo Domingo Oeste pocas veces se dictan condenas, aunque haya pruebas contundentes.
“El Ministerio Público y el Departamento de investigaciones criminales deben hacer su trabajo más riguroso y que se haga cumplir un régimen de consecuencia más rígido, que sirva de ejemplo, a otros que quieren cometer ese tipo de delito”, pidió.
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