Miguel José Moya, el exasesor de la Procuraduría General de la República en la gestión de Jean Alain Rodríguez y también incluido en la Operación Medusa, aseguró que no tenía conocimiento previo del incidente “bochornoso” y que “a simple mirada parecía una agresión” a Miriam Germán durante su evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura en marzo de 2019.
En un video que circula en las redes sociales y que supuestamente Moya grabó un día antes de ser detenido en un allanamiento la pasada semana vinculado al caso de corrupción en la Procuraduría, el empresario sostuvo que al ver la entrevista a Germán sintió la “misma indignación” que los miles de ciudadanos que la vieron.
Se recuerda que durante la entrevista a la exjueza de la Suprema Corte de Justicia que aspiraba a continuar en esa alta corte, el exprocurador le hizo fuertes acusaciones que cuestionaban su integridad, lo que fue calificado por diferentes juristas como una violación a los reglamentos del CNM.
“Debe usted saber, señora procuradora (Miriam Germán Brito) que Miguel José Moya y ninguno de mis colaboradores tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura, observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada parecía una agresión”, aseguró Moya.
Según el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República le pagó a Moya casi 20 millones de pesos por servicios de capacitación en talleres y seminarios de formación de liderazgo sin este haberlas impartido.
Moya sostuvo que, como parte de una investigación, ha sido requerido en seis oportunidades por las autoridades y participado en cuatro interrogatorios donde, a pesar de ser tratado con respeto, “el escrutinio ha sido brutal, humillante y excesivo”.
“Pude notar que los magistrados tenían la percepción de que estaban en la presencia de un criminal peligroso y manipulador y, en consecuencia, la intensidad del escrutinio respondía a esa percepción inicial”, añadió el imputado.
Agregó que el requerimiento por parte de las autoridades estaba fundamentado en un contrato realizado por su empresa, Desarrollo, Individuo y Organización (DIO) SRL, en una licitación pública “con todo el rigor de la ley”, que se desarrolló a inicios de 2018.
“Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la Procuraduría General de la República de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad del clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, seminarios”, añadió.
Moya sostuvo que dicho programa debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte de capacitación. “Nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y colaboración cuando ellos lo requirieron”, manifestó.
El imputado añadió que la interpretación que se hace del contrato “nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como fraude. Los magistrados consideran que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas, que incluían, además de la parte de Recursos Humanos, el acompañamiento y orientación en la conducción de crisis que sucedían de manera frecuente, incluyendo la crisis provocada por la confrontación de los encartados de Odebrecht con la institución”.
Asimismo, pidió a los procuradores Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso que no permitan que su razón y discernimiento se nuble, “de manera tal que no puedan distinguir entre lo verdadero y lo falso”.
La jueza Kenya Romero reenvió para el jueves 8 de julio el conocimiento de la medida de coerción contra los implicados en la Operación Medusa, por presuntamente dirigir una red criminal de corrupción y lavado de activos desde la Procuraduría General de la República.
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