SANTO DOMINGO. –Las condiciones precarias de hacinamiento, maltratos y sobrepoblación de los presos en las principales cárceles del país, no cambian en detrimento de la salud físico-mental de los reclusos, según el informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.
El informe detalla la situación de los internos y centros penitenciarios, en el que se reitera que sigue siendo “alto el precio para dormir”, ya que hay que pagar entre dos mil hasta 5 mil pesos. La CNDH relata “el diario vivir” en las cárceles de la siguiente manera:
Esta estructura, construida para diez personas, en la actualidad alberga más de 45 personas “en condiciones infrahumanas, sin baño, sin agua y en condiciones higiénicas deplorables; se encuentra en el cuartel policial de Baní y es administrado por la misma Policía Nacional, sin control de la Dirección General de Prisiones ni mucho menos de la Procuraduría General de la República”.
“En lo que va del año han fallecidos tres privados de libertad, sin el conocimiento de las autoridades y al día de hoy ni se han investigado estas muertes ni se han establecido responsabilidades”.
Preventiva de Monte Plata
Según el levantamiento de la CNDH, en esta cárcel deberían estar solo de 8 a 15 personas, en la actualidad hay hasta 200 personas juntas, con un solo baño, durmiendo parados o sobre los demás por la falta de espacio. “En una condición de hacinamiento absoluto, ajenos a toda salubridad, los privados de libertad se enferman a decenas por covid y otras enfermedades respiratorias y de la piel”.
“Dos reclusos han fallecido en menos de dos meses sin que se conozca con claridad cuáles fueron las causas reales. La razón de este grave hacinamiento es el hecho de que muchos privados de libertad llevan años detenidos por una garantía económica – fianza y/o multa de RD$1,000, RD$2,000, RD$3,000.
San Pedro de Macorís:
Señala el Informe de la CNDH,” también en esta preventiva, administrada por la Policía Nacional se registra el mismo patrón de corrupción y extorsión que ya se ha descrito en las demás. A los internos se les pretende el pago de sumas de dinero para alquilar una hamaca para dormir, una colchoneta, incluso para recibir visitas de sus familiares (500 pesos) y recibir comida.
A los internos, dice en su informe CNDH, “se les pretende el pago de sumas de dinero para alquilar una hamaca para dormir, una colchoneta, incluso para recibir visitas de sus familiares (500 pesos) y recibir comida”.
Preventiva La Romana, PN.
La situación de la cárcel preventiva de La Romana es muy similar a la de Higüey. “Se trata de una construcción de dos pequeñas celdas construida al lado del Palacio de Justicia, donde las denuncias de corrupción, “macuteo”, extorsión a los familiares, hacinamiento y graves violaciones de los derechos humanos son recurrentes”.
El día 30 de abril de este año, un incendio en una celda provocó la muerte de Rodolfo Jean Feliepe, de 24 años, por asfixia y bronco espasmo severo y 23 internos tuvieron que recurrir a atenciones médicas por inhalación de humo o quemaduras de diferentes grados.
“Presuntamente el incendio fue provocado por algunos internos que se oponían al traslado de un preboste, con quien dirigían un negocio de corrupción y extorsión en la misma preventiva. La condición de hacinamiento de la cárcel preventiva de la Romana es conocida a las autoridades desde varios años, se ha solicitado la construcción de otra instalación sin embargo las autoridades competentes hacen caso omiso”.
Preventiva de Higüey o “del Diablo”
Es conocida como centro de la Colón o también como la “preventiva del diablo”. “No se trata de un centro, sino de un pequeño cuartel de apenas tres celdas donde se encuentran los presos en espera de juicio.”
Dicho centro debería albergar a 150 personas, pero viven ahí más de 500 en hacinamiento y condiciones sanitarias terribles. “La comida que llega a diario a esta cárcel no da ni para la mitad de los internos”, dice el Informe CNDH. Hasta el mes pasado los presos que ahí estaban en espera de un juicio eran más de 600”.
Hay privados de libertad en este cuartel que se encuentran allá desde más de dos años en espera de juicio. Como el caso de WILFRIDO JOSEPH condenado a tres meses y al pago de una fianza de 15mil pesos por haber sustraído dos televisores de una vivienda privada. El hecho de no tener con que pagar la fianza es la razón por la cual se encuentra en la preventiva desde hace dos años, a pesar de haber se ofrecido para realizar algún trabajo de mano de obra en las instalaciones de la fiscalía para poder pagarla, según señala el referido informe.
A los familiares de los detenidos y a los mismos detenidos se les pide dinero para todo: para que puedan dormir más cómodos, para las visitas, hasta para ir al baño. Las sumas que se exigen van desde 2mil hasta 5mil pesos. Este dinero es repartido entre los prebostes y los policías que administran los centros. Hay denuncias de que también algunos fiscales se benefician de esta corrupción.
El 15 de Azua
El día 17 del mes de marzo del presente año 2021, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Filial Azua, R. D. rindió el primer informe sobre la situación encontrada en el transcurso de un mes de haber instalado la oficina para observatorio de los derechos humanos dentro del penal del Km. 15 de Azua.
La CNDH, califica de lamentable que a la fecha persistan las mismas situaciones e incluso agravadas en el 15 de Azua, luego de dos meses hacer sus denuncias, “pues se mantiene la queja por parte de los privados de libertad en torno a que el Juez de la Ejecución de la Pena no valora las solicitudes de los internos en cuanto a las solicitudes de libertad condicional”.
“Otra de las quejas recurrentes, es que los traslados no les están siendo concedidos y en algunos casos cuando logran que un juez las ordene estas son DESACATADAS; las denuncias por malos tratos inhumanos y degradantes por parte de los encargados de disciplina, han sido reiteradas en este segundo informe”.
La Victoria
Es el centro de detención más grande del país y alberga alrededor de 8mil privados de libertad, casi el 30% del total. A pesar de algunas mejorías, es preocupante la problemática de sobrepoblación. El centro está construido para albergar 2mil privados de libertad y hay 8mil, por un índice de 400% de sobrepoblación.
“Eso lleva a que los internos se encuentren en condiciones inhumanas donde deben hacer turnos hasta para dormir en el suelo porque los espacios son insuficientes. Los que más pueden en términos económicos pueden pagar para dormir en una cama donde hay tarifas que van desde los 5mil hasta los 300mil pesos”.
Dice la CNDH, en su informe-denuncia que, a más de 500 internos de estos 8mil, aún no se le ha conocido la revisión de oficio de sus medidas cautelares a causa de una deficiencia crónica del sistema de justicia que se configura en una franca violación al Código Procesal Penal y a la propia Constitución dominicana.
Además, narra “hay un total de 2mil internos que se encuentran recluidos aun habiendo cumplido su condena desde varias semanas y en algunos casos meses, y eso por lentitud en los trámites burocráticos. De hecho, se encuentran en una situación de secuestro de parte de las autoridades judiciales.
Agiotismo, alcohol, drogas
“Hay actividades comerciales dentro de la cárcel que terminan convirtiéndose en una explotación económica hacia los internos a causa de los precios extremadamente caros con los que se venden bienes de primera necesidad y expendio de comida. Por ejemplo, una botellita de agua que fuera del complejo se vende a 10 pesos, en el centro se vende a 50”.
La situación de la salud es preocupante ya que en ese gran hacinamiento se encuentran enfermos de tuberculosis y SIDA entre otros. Hay dificultades en los traslados negando a los internos el acceso a la justicia ya que algunas veces no son llevados a audiencia. Hay más de mil internos los cuales deben una mínima garantía económica que no pueden pagar y por eso siguen detenidos.
“Se dan situaciones de corrupción hay acceso de alcohol y drogas; el uso y tráfico de sustancias es una realidad preocupante que nunca se ha podido erradicar”.
Que sugiere la CNDH:
Ante la situación descrita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, solicita a las autoridades: tomar medidas urgentes para eliminar orden burocrático que impiden la puesta en libertad de los internos que ya han cumplido su condena.
Suministrar el listado que tiene la Dirección General de Prisiones de los internos que dicen haber cumplido su pena para que sean comunicados a los abogados de la defensa pública y a la CNDH-RD, para que se hagan las solicitudes correspondientes a los respectivos Tribunales de Ejecución de la Pena para fines de declaratoria de cumplimiento de la pena.
Revisión de oficio de las medidas cautelares de los expedientes de los internos.
Realizar visitas a La Victoria y otros penales para conversar con los internos encargados de áreas y representantes de celdas escucharlos y tomar nota de sus peticiones y quejas.
Informar la dirección de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones, sobre situaciones de maltratos y abusos de las cuales han llegado denuncias a la CNDH-RD.
Establecer comunicación con el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública para la coordinación de los trabajos junto con el equipo de abogados de la CNDH.
Inventariar los casos de internos que se les ha impuesto garantía económica para que puedan ser pagadas por el Ministerio Público, alguna entidad sin fines de lucro o fundación, o el Defensor del Pueblo si fuese necesario.
Construcción inmediata de nuevos centros preventivas en La Romana, Higüey y Monte Plata, San francisco de Macorís, Cotuí Barahona, Jimaní, Mao, Dajabón Santiago Rodríguez y El Seibo entre otras; cierre inmediato de la preventiva de Baní, entre otros.
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