SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) exhortó este lunes al Congreso concretar la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, así como del defensor del pueblo y adjuntos, con apego a criterios de meritocracia, transparencia e idoneidad.
La entidad indicó en un comunicado que “la selección de los nuevos miembros de estas instancias debe alejarse de cualquier viso de arbitrariedad; de igual forma, debe evitarse inobservancia de los presupuestos normativos establecidos en la Constitución y la ley”.
Agregó que “el buen funcionamiento del órgano constitucional de control y fiscalización externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos, y del patrimonio del Estado, constituye un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva en la que exista una relación de pesos y contrapesos de conformidad a los preceptos de un Estado social y democrático de derecho. Por ende, resulta imprescindible que este órgano esté integrado por perfiles profesionales que estén sustentados en capacidad e idoneidad”.
Para FINJUS “el desarrollo del sistema de control del Estado dominicano es un tema crucial para nuestra gobernabilidad y desarrollo. De lo cual, hemos observado con preocupación que dicho sistema se ha caracterizado por una desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar prácticas lesivas contra el erario”
“En efecto, el perjuicio económico detectado en las auditorías que realizan los órganos de control interno y externo, especialmente los producidos por la Cámara de Cuentas, no ha generado, de manera constante, la activación de los mecanismos de régimen de consecuencias civil, administrativo y penal que ordena la ley”, indica la entidad.
“La ciudadanía percibe entonces que las respuestas a la corrupción son ineficaces pues los organismos competentes no ejercen todas las potestades que les confieren las leyes y optan por escudarse en la supuesta ineficiencia del otro para no hacerse responsable de la impunidad generalizada que reina en el manejo de los fondos públicos en el país”, añade.
“Por otro lado, con relación al defensor del pueblo, es preciso resaltar que ha sido configurado como un órgano constitucionalmente autónomo cuya función principal es defender los derechos constitucionales, así como encauzar la promoción de buenas prácticas en la administración pública a fin de contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y del Estado de derecho”, pondera Finjus.
“Se trata de una figura que surge como una necesidad del control social de los gobernados en contra de las arbitrariedades y el incumplimiento de las obligaciones asignadas a la administración pública, debiendo constituir una voz a favor de la protección de los derechos de las personas y los intereses colectivos y difusos”, concluye la entidad.
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