SANTO DOMINGO.- Los diputados José Horacio Rodríguez y Juan Dionicio Restituyo dijeron este miércoles que confían en que el presidente de la República, Luis Abinader, observe el renovado Código Penal para devolverlo al Congreso con las puntualizaciones que detallen la inclusión de las causales para abortar ante la ineludible exclusión que realizó la comisión de justicia y que despenaliza el aborto sólo cuando la vida de la madre esté en el peligro.
“Yo apuesto a que Abinader no puede ser más conservador y negador que Danilo Medina y Leonel Fernández, quienes también observaron y devolvieron el Código Penal. No esperamos otra cosa del presidente”, expresó confiado el diputado del partido Alianza País.
En ese sentido, Rodríguez destacó que cualquier observación que haga Abinader al Código Penal no constituye un acto democrático porque “es una prerrogativa constitucional que tienen todos los presidentes”.
“Por algo la Constitución prevé la posibilidad de que los presidentes observen las leyes y esa prerrogativa la han utilizado los dos presidentes que le han antecedido a Abinader”, reiteró el joven diputado.
De su lado, el diputado del partido Frente Amplio, Juan Dionicio Restituyo, resaltó que Abinader puede observar el Código Penal para rechazar la exclusión de las causales que permitirían abortar porque, como dijo, el partido al que milita ostenta la mayoría en ambas alas del Congreso Nacional.
“Es simple, ustedes vieron como se impuso una terna para Defensor del Pueblo y otra para Cámara de Cuentas. Eso pasa cuando los partidos son mayoritarios”, expuso Restituyo.
En ese orden, el congresista subrayó que “cuando los partidos quieren tomar una decisión, lo hacen sin problema” y agregó que el partido gobernante debe velar por la defensa de los derechos de las mujeres aprobando un Código Penal que permita abortar en circunstancias excepcionales.
Ambos diputados son miembros de comisiones que han tocado a fondo el resonado tópico del aborto que se quedó penalizado en todas sus formas, pero que los legisladores confían en que se despenalice tras una observación y puntualizaciones del jefe de Estado.
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