SANTO DOMINGO.– El abogado Cándido Simón, defensor de Miguel Moya, exasesor en materia de comunicación para la Procuraduría General de la República (PGR), reveló este viernes que el contrato de asesoría ascendente a los $20 millones de pesos y firmado en la gestión de Jean Alain Rodríguez “se hizo sin licitación pública”.
El abogado acudió a la sede del Ministerio Público para participar en el tercer interrogatorio al exasesor por el mencionado contrato y allí explicó que este acuerdo no se realizó con licitación previa porque “hay un tema de confianza”.
Asimismo, el defensor de Moya pidió a los pobladores “no quejarse” por el monto de RD$20 millones ya que, a su juicio, “no tiene nada de malo que la gente cobre sus servicios especializados”.
“Esos servicios tienen un costo y, por ejemplo, en el caso Baninter los abogados cobraron entre 16 y 20 millones de pesos por su trabajo”, indicó el jurista.
En ese sentido, Simón manifestó que “no necesariamente” todos los servicios que contrata el Estado pasan por Compras y Contrataciones y confirmó que este contrato por el que es interrogado Moya es uno de esos casos.
El abogado se mostró firme al explicar que la contratación por la que interrogan a Moya no fue un pacto directo con Jean Alain Rodríguez. En tal sentido, expuso que el contrato se realizó entre DIO, empresa asesora de comunicación y propiedad del señalado y la PGR.
Este contrato que ha traído la atención de las actuales autoridades de la Procuraduría está establecido por dos años y, según explicó Simón, el fondo de los RD$20 millones no fue pagado en un solo desembolso y “todas las ganancias no fueron para él (Miguel Moya)”.
La contratación firmada en la gestión del exprocurador tenía como fin asistir a la Procuraduria en materia de manejos de conflictos internos, estrategia de proyección de la institución y comunicación estratégica.
En su interrogatorio con las autoridades, el abogado puntualizó que “lo importante” es que Moya ha asistido a la sede judicial las veces que ha sido requerido por lo que entiende que “no hay peligro de fuga ni nada similar”.
Según las autoridades que investigan el caso, Moya recibía el dinero cada año supuestamente para impartir cursos, talleres y seminarios a los colaboradores de la institución.
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