El sistema electoral en la República Dominicana atravesó en el 2020 una importante crisis con la suspensión de las elecciones municipales, manifestaciones sociales, la división del partido oficialista y un gasto exorbitante en el montaje de cuatro comicios.
Los cinco miembros al mando de la Junta Central Electoral (JCE) fueron sustituidos, luego de concluir su período constitucional de cuatro años, por un nuevo pleno encabezado por Román Jáquez Liranzo, quien estuvo en el Tribunal Superior Electoral (TSE) desde junio del 2017.
La nueva JCE definió sus prioridades para el 2021 en aras de coordinar el sistema electoral. Jáquez Liranzo expresó que parte de esos retos son la revisión a las normas electorales, la reestructuración de las juntas electorales a nivel nacional, la automatización de los servicios del registro civil y el acompañamiento a los partidos políticos en sus procesos internos.
Pero la JCE no logró que el Poder Ejecutivo ni el Congreso Nacional le aprobaran un aumento de su presupuesto, a pesar de que su presidente se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados y con el coordinador de la comisión de JCE en ese parlamento. La pasada gestión había solicitado unos 7,400 millones de pesos, petición a la que sus sucesores se adhirieron.
El monto aprobado es de 4,511 millones de pesos, de los cuales hay que restar 1,260 millones para los partidos políticos y la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este.
Recientemente el pleno nombró una comisión para la adecuación de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, integrada por la titular Dolores Altagracia Fernández, como miembro supervisora.
Otra comisión supervisada por el titular Samir Rafael Chami Isa y coordinada por Mario Núñez se encarga de la adecuación de las legislaciones del Régimen Electoral, la de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la de los Actos del Estado Civil.
La JCE deberá determinar cuáles partidos son mayoritarios y en consecuencia recibir parte del 80 por ciento de los fondos destinados para los que alcanzaron al menos el 5 por ciento de los votos en las últimas elecciones.
Al partido oficialista le tocará gobernar con una oposición dividida y perseguida, en parte, por escándalos de corrupción.
Los partidos y la JCE sostuvieron su primer encuentro en un salón de la sede central, en la que Jáquez reiteró que esa institución sería la casa de la democracia.
La JCE también tendrá una función permanente de control financiero de los partidos. El pleno dispuso que la Unidad Especializada de Control Financiero sea de carácter permanente, no solo en años preelectorales y electorales, y le dio categoría de dirección bajo sus órdenes.
La JCE tendrá la oportunidad de dedicarse a sus demás funciones de salvaguardar el registro civil y a reorganizarse internamente.
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