Un total de 3,200 funcionarios entrantes y salientes no presentaron su declaración jurada de bienes, al vencer ayer a las 12:00 de la medianoche el plazo de 13 días otorgado por la Cámara de Cuentas de la República, mientras que 3,995 entregaron sus declaraciones a tiempo.
La información la ofreció el titular de ese órgano que rige los recursos del Estado, Hugo Álvarez Pérez, quien agregó que esos faltantes, 1,700 son funcionarios del entrante Gobierno y los restantes 1,500 corresponden a legisladores, alcaldes, a directores municipales y regidores.
Álvarez Pérez señaló que la Cámara de Cuentas está preparando el listado con los nombres de los funcionarios que no cumplieron con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, para ponerlos a disposición de la Dirección de Ética, que dirige Milagros Ortíz Bosch.
En el caso de los omisos, (quienes no presentaron declaraciones en el plazo establecido) indicó que la misma ley prevé que hay una presunción de enriquecimiento ilícito, por lo cual la Procuraduría Genera de la República se encargará de investigar, por tipificarse como penal.
En el caso de que los funcionarios o exfuncionarios que no acaten esa disposición, se constituye en un delito que la Ley 311-14 tipifica como faltas graves o de tercer grado que serán sancionadas conforme a la Ley 41-08, sobre Función Pública, y en el peor de los casos establece la destitución del funcionario.
El artículo 2 de la Ley 311-14 ordena a los servidores públicos realizar la declaración jurada de patrimonio en el plazo de treinta días, a partir de su juramentación, que es el mismo plazo que deben cumplir los que dejan la administración pública.
En ese sentido, existen mucho funcionarios que aun no han cumplido el mes de haber sido nombrados, por lo que, en ese caso, no hay mayores problemas. Los que sí serán sancionados son los nombrados el mismo 16 de agosto.
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