Santo Domingo
La Ley 17-19 para la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y la Falsificación establece sanciones administrativas y penales para quienes la violen, dentro de las que se encuentran 10 años de cárcel y multas de hasta 300 salarios mínimos del sector público.
Los productos que serán regulados por esta normativa que aprobó el pasado miércoles el Poder Ejecutivo son los medicamentos, los hidrocarburos, los productos del alcohol y sus derivados y los productos del tabaco y sus derivados.
El proyecto que ahora es ley fue presentado el 29 de enero de este año por los senadores Charles Noel Mariotti Tapia y José Ignacio Paliza, senadores por las provincias Monte Plata y Puerto Plata, respectivamente, y establece en su artículo 30 como comercio ilícito a 12 actividades como la elaboración de los productos regulados sin obtener permisos exigidos, la elaboración y comercialización dentro del territorio nacional de productos que no cumplan los requisitos legales, la alteración o modificación de las características de estas mercancías y la falsificación de documentos con la finalidad de engañar a la persona que lee o mira el documento o empaquetado del producto haciéndole creer que es legítimo y no falsificado.
Además, contempla como delitos la fabricación o el suministro de medicamentos por personas físicas o morales no autorizadas y la introducción en el mercado de medicamentos o de dispositivos médicos que no cumplan los requisitos de conformidad; la fabricación, importación, exportación, distribución, almacenamiento y comercialización de medicamentos falsificados, adulterados, vencidos, reetiquetados, contrabandeados, sin registro sanitario vigente o con ingredientes inadecuados, entre otros.
Penalidad
La Ley para la erradicación del comercio ilícito establece dentro de sus sanciones que todo aquel que introduzca hidrocarburos o sus derivados al territorio dominicano, o los extraiga desde él, por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de tres a seis meses y multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales del sector público si es superior a un galón e inferior a 80 galones. Si es superior a 80 galones será una pena de seis meses a 1 año de cárcel y multas de 100 a 200 salarios mínimos del sector público.
Si es superior a 1,000 galones, la pena carcelaria será de tres a cinco años y multas de 200 a 300 salarios mínimos del sector público.
Además, el comercio ilícito de medicamentos conllevará una sanción de 10 años de cárcel como máximo en virtud de lo establecido por la Ley General de Salud y sus modificaciones.
Reacciones
Al conversar con LISTÍN DIARIO, el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Arnulfo Rivas, rechazó algunos elementos del artículo 20 sobre infracciones administrativas en materia de hidrocarburos de la referida norma porque afecta al mercado detallista de combustibles. Por eso, se reunió ayer en el Palacio Nacional con el consultor jurídico Flavio Darío Espinal y el ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó pidiendo una revisión.
Uno de los aspectos que critica Rivas es la comercialización de hidrocarburos sin las autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Industria y Comercio o sin certificaciones que acrediten la calidad y seguridad de las instalaciones y operaciones.
En tanto, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (Asocigar), Marcos Bisonó, valoró la iniciativa porque beneficia este sector ante el contrabando, pues aproximadamente 11 marcas de productos ilícitos han permeado el mercado, los cuales son ingresados por los muelles y han sido detectados por la Dirección General de Aduanas (DGA).
EMPRESARIOS
El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) emitió un comunicado respaldando la ley porque esta proporciona nuevas herramientas para recaudar millones de pesos que son evadidos por personas y empresas que comercian bebidas alcohólicas, cigarrillos, medicamentos y combustibles.
