ORURO, Bolivia:
Un hueco en el piso y sillas rotas en la calle es lo que queda de dos recientes explosiones en la ciudad boliviana de Oruro que dejaron 12 muertos y 48 heridos, en hechos sin precedentes en la historia reciente del país.
En Bolivia no hay guerrilla ni grupos violentos activos, excepto esporádicos ajustes de cuentas entre narcotraficantes. Nadie ha reivindicado las explosiones y dos días después del último estallido el gobierno y la policía no tienen pistas certeras y han declarado reserva en la investigación. En tanto, los únicos tres detenidos fueron liberados sin indicios en su contra, según el fiscal Mario Rocha.
La primera explosión ocurrida el sábado, que dejó ocho muertos, fue atribuida por la policía a la incorrecta manipulación de una bombona de gas licuado por parte de una vendedora callejera de comida. Pero en la segunda explosión se ha confirmado que se usaron tres kilos de dinamita que mataron a cuatro personas.
Las autoridades han puesto en duda la hipótesis de que hayan sido explosiones accidentales y buscan una conexión entre ambas, indicó el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.
“Estamos en los peritajes, valorando elementos técnicos. Se trata de hechos violentos que pueden tener carácter criminal y pueden ser un ataque provocado”, añadió el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Ambas explosiones ocurrieron durante la colorida celebración folclórica del carnaval en esta tranquila ciudad andina.
“Nos están denigrando a los comerciantes. Nosotros somos las víctimas pero la policía dice que la explosión del sábado fue porque explotó accidentalmente una garrafa de una vendedora de comida en la calle. No es verdad, la garrafa no explotó, para nosotros fue un atentado”, dijo a The Associated Press Elizabeth Herrera, dirigente de los vendedores, mientras reproducía en su celular un sangriento video de la explosión.
En ese estallido Ana Fernández, una vendedora callejera de chicharrón de cerdo de 72 años, su hija y sus dos nietas perdieron la vida.
La segunda explosión ocurrió el lunes en la noche a una cuadra de la primera cuando un grupo de gente realizaba una vigilia por los muertos.
“¿Móvil político? No sé quién está detrás de esto, el gobierno debe explicar”, afirmó Herrera. Las vendedoras se alistaban el jueves para marchar a la gobernación y exigir celeridad en la investigación.
A pesar de las sospechas de un posible ataque no hay patrullaje en la ciudad. Lo único es un cordón de seguridad que la policía tendió alrededor del lugar de los estallidos.
Las clases reanudaron el jueves. “¿Quién hizo esas cosas? Eso no había aquí. Tenemos miedo de enviar a nuestros hijos a la escuela”, dijo el ama de casa Rosario Roque.
Los políticos han lanzado sospechas sin exhibir pruebas. Los opositores, en tanto, han emplazado al gobierno a que esclarezca los hechos para despejar la incertidumbre, comentó el senador Oscar Ortiz de la opositora Unidad Demócrata.
Las explosiones ocurrieron días antes de una movilización nacional convocada por la oposición para rechazar la anunciada postulación para un cuarto mandato en 2019 del presidente Evo Morales. El 21 de febrero se cumplen dos años de un referendo en el que los ciudadanos rechazaron la reelección del mandatario, que lleva 12 años en el poder.
“Es extraño y atípico… en un país ajeno a hechos sangrientos”, comentó Franklin Pareja, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pública de La Paz.
Los antecedentes más cercanos de ataques con bombas se remontan a la última dictadura militar (1980-1981).
