SAO PAULO.- La Policía de Brasil lanzó este martes una amplia operación contra una red de empresarios acusados de extraer en menos de un año 9,000 árboles centenarios de la Amazonía para la venta ilegal de su madera, informaron fuentes oficiales.
Los agentes han detenido hasta el momento a cerca de 30 personas sospechosas de integrar esta organización criminal que actuaba en la capital del estado de Amazonas, Manaos, y en Manacapurú, en la región metropolitana de la ciudad.
En la organización también participaban aserraderos, taladores que se encargaban de cortar los árboles en regiones de bosque nativo de la Amazonía, conductores de vehículos y agentes públicos.
De acuerdo con la Policía Civil, la banda extrajo en apenas 10 meses “en torno a 9,000 árboles centenarios” de especies como castaño, cupiuba, seringueira, angelim, sumaúma, cedro y muiratingas.
Posteriormente, una docena de aserraderos de Manaos y Manacapurú implicados en la trama “mezclaban la madera ilegal” con otros lotes “debidamente regularizados” con el objetivo de “burlar la fiscalización de los órganos ambientales”, según la Policía de Amazonas.
De acuerdo con la investigación, el 95 % de la madera extraída a pedido de los empresarios investigados era de origen criminal y vendida después a los comerciantes de la región.
Además de la treintena de detenciones, la Policía aprehendió durante el operativo 16 camiones, 5 armas de fuego, 200,000 reales (unos 40,000 dólares) y más del 1,000 metros cúbicos de madera.
La operación se produce en medio de una disparada de los índices de deforestación en la Amazonía brasileña, que en los tres primeros meses de este año aumentó un 51,4 % con respecto al mismo periodo de 2019 y solo en abril creció un 64 % en la comparación anual.
En 2019, la deforestación en la selva amazónica brasileña creció un 85 % hasta 9,165 kilómetros cuadrados, su mayor nivel desde 2016.
Las organizaciones de la sociedad civil culpan de ese incremento al discurso “antiecologista” del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía y poner fin a la demarcación de nuevas tierras indígenas.
La cuestionada política medioambiental del Gobierno de Bolsonaro quedó en evidencia en una reunión ministerial, celebrada en abril pasado y hecha pública por la Corte Suprema, dentro una investigación contra el mandatario por supuestas injerencias ilegales en la Policía Federal.
En ese encuentro, el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, sugirió que el Gobierno flexibilizara algunas normas relacionadas con su área, aprovechando que la prensa estaba centrada en la pandemia de coronavirus
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