“Es urgente modificar la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado. Las violaciones a esta ley no pueden seguir sin sanciones penales, además de que debe actualizarse conforme las diversas modalidades de corrupción de hoy día”, deploró.

“El Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer 'negocios' y hacerse ricos a costa de los intereses colectivos. Como nación debemos asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas. Ese proceso avanza modificando la Ley de Compras y Contrataciones”, prosiguió.

Camacho indicó que, en la modificación de la referida ley, el Estado debe cambiar la forma de hacer negocios: “Es difícil enfrentar la corrupción con efectividad, mientras el Estado negocia con cualquiera, con 'empresas' sin ninguna experiencia, trayectoria o condiciones para suplir lo que ofertan… La transparencia, el respeto por la cosa pública, por los fondos públicos, necesita de compromisos”, recalcó.

Inabie en la mira

La queja de Camacho surge en momentos en que se investigan denuncias en contra de Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por supuestos actos de corrupción y colusión en los procesos de licitaciones con suplidores del almuerzo escolar.

El propio titular de la Dirección de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, dijo que los hallazgos preliminares de la investigación apuntan a que en el seno del Inabie se gestaba un entramado de funcionarios y proveedores para aprovecharse del presupuesto de la institución y que esto llevaba años realizándose.

“Todo indica que el esquema de Inabie no es nuevo. El esquema de Inabie se instaló cuando se sustituyó la modalidad de que el alimento se preparaba en las escuelas. Se hace la transición hacia la modalidad de contratación de cocinas y eso ha servido históricamente para la repartición”, dijo el pasado martes durante una entrevista que le concedió al programa Telematutino 11.

Además, adelantó que la pasada gestión del Inabie, encabezada por su exdirector Cecilio Antonio Rodríguez, le había dado continuidad a la vieja práctica.

“El error es que las antiguas autoridades de Inabie de este gobierno decidieron seguir con el esquema encontrado en Inabie, esa es la realidad, y por eso reproduce una situación que se le va de las manos y no hay forma de dar respuestas”, deploró.

Ayer Rodríguez fue interrogado por la Pepca por las supuestas irregularidades detectadas durante el ejercicio de sus funciones en el Inabie.

Cuestionado por la prensa, el exfuncionario dijo que las acusaciones en su contra son "falacias" que le están causando mucho daño a él y a su familia.

Fuente: https://www.diariolibre.com

Luego de expresar las consideraciones y valoraciones en ese encuentro, convocaron para el próximo jueves 10 de febrero, a las 3:00 de la tarde, para debatir sobre la metodología que adoptarán para evaluar el contrato y lograr el consenso.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Económico y Social (CES) informó ayer que ya tiene en sus manos la comunicación del presidente Luis Abinader solicitándoles que inicien los debates acerca del contrato de fideicomiso público para administrar la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

El presidente de ese organismo, Rafael Toribio, dijo que desde el momento en que el mandatario manifestó en su discurso que les enviaría el proyecto de contrato de fideicomiso, la Comisión Ejecutiva del CES se reunió para expresar sus pareceres acerca del mismo.

En esa primera reunión estuvieron presentes Antonio Medina, Patricia Gómez de Jesús y Juana Ferrer Paredes, por el sector social; César Dargam, Luis Miura y Circe Almánzar, por el sector empresarial, y Rafael Abreu y José Miguel Fernández, por el sector laboral.

Luego de expresar las consideraciones y valoraciones en ese encuentro, convocaron para el próximo jueves 10 de febrero, a las 3:00 de la tarde, para debatir sobre la metodología que adoptarán para evaluar el contrato y lograr el consenso.

Toribio expresó que se planteará el diálogo con los sectores representados en el CES, así como otros actores que se estimen pertinentes, para conocer sus opiniones y buscar consensos sobre el fideicomiso de Punta Catalina.

La cantidad de prisión preventiva a su vez representa una carga económica para el gobierno, que debe mantener a los privados de libertad con el presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República, que tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La prisión preventiva, la principal medida de coerción que dictan los tribunales de atención permanente del país, a petición del ministerio público, ha contribuido con los elevados niveles de hacinamiento en las cárceles dominicanas, entre ellas La Victoria, tradicionalmente la más congestionada.

Esto se comprueba en las estadísticas del Poder Judicial sobre las medidas de coerción emitidas durante seis años. Además de la privación de libertad, los jueces están facultados a dictar otras seis medidas de coerción, las cuales  permiten que se conozca un proceso judicial con los acusados libres.

En el período 2015-2020, los jueces de atención permanente colocaron 194,626 medidas de coerción a acusados de diversos delitos penales.

La que ocupa el primer lugar es la prisión preventiva, con 76,148, equivalente al 39.1%, según los datos de la Dirección de Análisis y Políticas Públicas del Poder Judicial, solicitados por Listín Diario a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.

Al verificar por año, en el 2017 fue cuando los tribunales dictaminaron la mayor cantidad de prisión preventiva, con un total de 14,311.

En el reporte se hace la observación de que los registros disponibles en base de datos a la fecha del informe pueden no contener información de determinados despachos judiciales.

Otras coerciones
Aunque no superan la prisión preventiva, las otras dos medidas de coerción frecuentes son la garantía económica, que se impuso en 61,602 casos, y la presentación periódica, en 31,133. Pero estas dos últimas por lo general van acompañadas de la prisión preventiva.

Las menos comunes son el arresto domiciliario, con 284, y el impedimento de salida, con 1,479.

Carga económica
La cantidad de prisión preventiva a su vez representa una carga económica para el gobierno, que debe mantener a los privados de libertad con el presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República, que tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario.

Esa institución cada año se queja de las bajas partidas que se le consignan, y ha  reclamado un incremento.

Pero el propio ministerio público es que suele pedir prisión preventiva para garantizar que los imputados no se sustraigan del proceso penal, pues en ocasiones algunos se  fugan y son declarados en rebeldía.

Algunas entidades han planteado que no se solicite prisión preventiva en casos de delitos menores, para descongestionar los recintos y así también disminuir  la cantidad de presos preventivos, que se aproxima al 60 por ciento.

Principal problema
La Victoria constituye el “dolor de cabeza” del sistema penitenciario. En esa cárcel ubicada en el distrito municipal La Victoria, del municipio Santo Domingo Norte, están recluidas 7,582 personas, equivalente al 27.9 por ciento de la población penitenciaria de República Dominicana, que hasta el 26 de enero de 2022 ascendía a 27,146.

Allí es donde impera la mayor tasa de hacinamiento y ha sido la más difícil de controlar debido a la sobrepoblación.

Fuente: https://listindiario.com