Santo Domingo: En la República Dominicana el acceso a la educación de los niños de cuatro años es inferior al 70%, mientras la tasa promedio de término de la secundaria es de 50% en promedio, tanto para el país como para el resto de América Latina, de acuerdo con los resultados del estudio “Aprender es más: hacer realidad el derecho a la educación en América Latina”, que hizo la Fundación Sura y la Red Latinoamericana por la Educación (Reduca) y que presentarán este jueves.

Manuel Álvarez Trongé, secretario general de Reduca, dijo que se necesitan más experiencia de los países de la región sobre en tema educativo, para encarar soluciones similares adaptadas a cada nación y considera la incidencia en políticas públicas basadas en una movilización social, pues piensa que será difícil mover a los políticos a tomar decisiones importantes y efectivas en el aprendizaje de los niños si la sociedad no lo reclama.

En ese orden, una de las principales herramientas de Reduca es movilizar la sociedad civil y tener diagnósticos claros, conversar sobre el tema de la educación y que no sea solo tema cuando exista alguna tragedia o cuando se tenga un resultado de algún examen estandarizado.

La investigación, que será divulgada este jueves con el apoyo de Acción Empresarial por la Educación (Educa), relata la situación de la realidades educativas de los 14 países miembros de la región, con un manifiesto de los avances más relevantes y los retos para garantizar el derecho a aprender.

“Necesitamos políticas públicas enfocadas a aumentar la atención integral para la primera infancia y lograr el acceso universal a la educación preescolar (o parvularia) al menos desde los cuatro años. Sin embargo, actualmente el acceso a este nivel de educación es limitado en la región: en promedio sólo 75,9% de las niñas y niños latinoamericanos de 4 a 5 años asisten a la escuela. En Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Paraguay no llegan al 70%”, señala los resultados del informe.

Indica Álvarez Trongé, basado en lo que revela el estudio, que en secundaria el problema es que, a pesar de que se ha aumentado la matrícula, hay un promedio de un 50% de los alumnos que no egresan en el tiempo y forma. Si le suman que los resultados de los aprendizaje no son de alta calidad, los alumnos que logran terminar la educación media no reúnen las capacidades necesarias para la vida adulta.

El secretario general de Reduca, que agrupa los principales desafíos en Latinoamérica en los siguientes componentes: cantidad, calidad y equidad. En ese orden, dijo que hay problemas en matemáticas, en la que el 70% de los estudiantes no puede resolver ejercicios matemáticos y está el de compresión lectora, de acuerdo con los resultados de las pruebas estandarizadas.

Desde Reduca se preguntaron cómo es posible que no pudieron aprender y de ahí nació el informe “Aprender es Más”, en la que reclaman que no se trata solo de educar, sino de aprender, de salir de la educación preuniversitaria con los conocimientos y las habilidades para enfrentarse a la sociedad.

Santo Domingo: El Tribunal Constitucional dictó ayer una sentencia en la que establece que en lo adelante los ciudadanos pueden denunciar las faltas de los funcionarios y presentar sus acusaciones o querellas de forma independiente o adherirse a la ya presentada por el Ministerio Público.

El dictamen, TC/0362/19, establece que en lo adelante el artículo 85 del Código Procesal Penal de la República Dominicana sea conforme a la Constitución y se apegue a los criterios de la sentencia TC/0259/14, en la que los ciudadanos pueden denunciar las faltas de los funcionarios.

“Al término de acusar conjuntamente con el Ministerio Público, deberá interpretarse como una prerrogativa discrecional del ciudadano de presentar sus acusaciones o querellas de forma independiente o adherirse a la ya presentada por el Ministerio Público”, indica la disposición.

El jurista Eduardo Jorge Prats califica la sentencia como “trascendental “ porque amplía “la acción penal popular para ejercerse por la ciudadanía con independencia del Ministerio Público”

En un tuit explica que la sentencia contraría “la involutiva reforma del CPP (del Código Procesal Penal) en 2015. El TC se consolida como tribunal ciudadano”.

La magistrada del Tribunal Constitucional, Katia Jiménez, quien difunde la decisión por Twitter, dice lo siguiente: Interesante y necesario! TC elimina obstáculos que impedían a los ciudadanos querellarse contra funcionarios por corrupción. Asesta duro golpe contra la impunidad”.

El TC falló el recurso de acción directa de inconstitucionalidad, interpuesto en noviembre del 2013 por Víctor Díaz Rúa, al párrafo III del artículo 85 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, el cual reza lo siguiente:

Art. 85.- Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas en este Código (…)

En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante”.

El exfuncionario buscaba que se declara inconstitucional el anterior párrafo del artículo, lo que fue acogido por la alta corte.

Entre las partes intervinientes de la acción participaron Ricardo Díaz Polanco, Ángel Moreno Cordero y Félix Damián Olivares Grullón, además, el Movimiento Cívico Ciudadanos contra la Corrupción, la Fundación Primero Justicia, Inc. y Participación Ciudadana (movimiento cívico no partidista).

Fuente: diariolibre