SANTO DOMINGO, República Dominicana: – Al ser abordado sobre el porcentaje de terrenos con que cuenta el Estado dominicano, el abogado Domingo Guzmán aseguró que el 35% de las tierras en República Dominicana no han sido declaradas.
“Un 65% está registrado y un 35% falta por registrar, pero se hizo un intento en el 1963 de registrar todos los terrenos y se abrió un espacio en el que el Estado contrató muchos agrimensores y le dio la potestad de que registraron todos los terrenos, eso salieron sanearlos e inscribirse por primera vez, pero se dio la situación de que había dos tipos para hacer ese saneamiento: la posesión natural y la teórica”, comentó.
En ese sentido, agregó que en los casos de posesión teórica, los terrenos eran colocados a nombre de cualquier persona, solo había que pagar RD $25 de impuesto al Estado, acordonarlo y mensurar, facilidad que llevó a muchas personas a apoderarse de extensiones territoriales que no les pertenecían.
“La teoría era que usted ponía ese terreno a nombre de cualquiera, se pagaba 25 pesos y lo único que había era que acordonar el lugar y mensurar, que sucede, los agrimensores comenzaron a mensurar grandes espacios de terrenos y lo ponían a nombre de un particular, de su esposa hasta que eso fue derogado, porque ya se estaban apropiando de terrenos personas que no podían ni de llevarlo”, expresó.
Guzmán fue entrevistado en el programa “El País al Día”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
Utilidad pública
Respecto al pago acordado por los terrenos que son declarados de utilidad pública, el abogado declaró que el Estado está obligado a saldar esta deuda antes de la ejecución de cualquier obra.
“La ley establece que cuando el Estado declara una área de utilidad pública antes de la ejecución de cualquier obra ahí, debe depositarle el dinero fruto de esa negociación o del valor del inmueble, ya sea por acuerdo o porque un profesional del área determine cuánto cueste”, narró.
En ese sentido, agregó que es necesario que las persona involucradas en estos procesos se asesoren con un buen abogado, que pueda someter al Estado dominicano ante los organismos internacionales en caso de que se violente lo establecido durante las negociaciones.
“El derecho de propiedad es un derecho inviolable”, finalizó.
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