La acusación en contra de los imputados consta de más de 600 pruebas, entre ellas evidencias testimoniales y documentales presentadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, quien mediante un sorteo aleatorio apoderó en el caso al juez Raymundo Mejía.
Santo Domingo, República Dominicana: El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 26 de septiembre el conocimiento del juicio preliminar en contra del abogado Johnny Portorreal y de otros tres implicados en la estafa a 283 individuos con maniobras fraudulentas y promesas de cobro de la supuesta herencia de la familia Rosario.
El juez Raymundo Mejía dispuso que la secretaría notifique el auto de fijación de audiencia a los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Dirección de Persecución y los abogados que representan al Estado Dominicano, al igual que la audiencia a los demás imputados Miguelina Gómez Santana, Miguel de Óleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz.
La acusación en contra de los imputados consta de más de 600 pruebas, entre ellas evidencias testimoniales y documentales presentadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, quien mediante un sorteo aleatorio apoderó en el caso al juez Raymundo Mejía.
La imputación establece que para requerir la entrega de diferentes montos de dinero, el grupo alegaba la información falsa de que el dinero de la supuesta herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Santander, de España, y el Banco Zurich, de Suiza.
En tal sentido, se detalla que los acusados les comentaban a sus víctimas que los montos que requerían serían cobrados a través de la empresa ‘La Central del Derecho LPR, SRL’, pue tenían la finalidad de realizar trámites para su registro como herederos de los señores Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos).
Con el pago de los estafados, estos aportaban en la elaboración de un poder cuota litis, con el que se acordaba el pago de los honorarios, una rectificación de cuota litis y un pin. Este último utilizado en una entidad bancaria al momento de retirar los fondos que iban a ser depositados. También incluían un supuesto código SWIFT en formato IBAN, el cual era de datos exclusivos para poder recibir los depósitos, desembolsos que eran entregados a Gómez Santana y Portorreal.
En tanto que De Óleo Montero y De la Cruz se reunían con la intención de captar a los supuestos herederos de la Familia Rosario, para que les costearan viajes o las diligencias en Europa, y en las sedes de los bancos internacionales.
Finalmente, expone que el Ministerio Público realizó diversos allanamientos en los que ocupó documentos que vinculan directamente a los acusados con la estafa.
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