La propuesta del Gobierno para la reforma constitucional contempla excluir la figura del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con el objetivo de dotar ese órgano de mayor legitimidad.
El documento que fue leído por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en el marco de la reunión del Consejo Económico y Social (CES), indica que para incidir en el logro de una justicia independiente se debe recomponer el CNM, excluyendo al procurador general de la República, con lo que la composición quedaría en siete miembros, en vez de los ocho actuales.
El Gobierno plantea que con esto se estaría “redistribuyendo la cuota de decisión de cada poder del Estado representado en el seno de ese órgano y dotándolo, por ende, de mayor legitimidad”.
“En el marco de esta reforma se perfeccionaría el funcionamiento del CNM, el cual sesionaría de manera ordinaria cada tres años y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, tras la convocatoria del presidente del Consejo o, en su defecto, del conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante este. Con esta última medida se quitaría el monopolio que actualmente tiene el presidente de la República en atribuciones de convocatoria”, sostiene.
Altas cortes
El documento plantea que es oportuna una reorganización del funcionamiento de las altas cortes (Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral).
“En concreto, se buscaría someter a sus jueces a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. En tal sentido, estos jueces serían designados por períodos únicos de nueve años y los plenos serían renovados gradualmente cada tres años; por su parte, la ostentación de la presidencia de estas altas cortes sería alternada cada tres años y a partir de los jueces designados anteriormente”, indica.
También “se incluirían nuevos requisitos de designación para los jueces de estas altas cortes para que, durante los cinco años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante”.
Ministerio Público
Según la propuesta, para garantizar la independencia política en el sistema de justicia dominicano, no basta con excluir del CNM al procurador general de la República, sino que es necesaria una transformación constitucional del Ministerio Público, la cual le otorgue una independencia real del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado.
“A la vez, se sujetaría a los titulares del Ministerio Público a un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso, estableciendo nuevos requisitos y formas de designación, así como incluyéndolos dentro de las invitaciones a las cámaras legislativas y las interpelaciones del Congreso Nacional”, plantea el documento, aunque no detalla las nuevas formas de designación.
El Poder Ejecutivo propone también que el actual procurador general de la República pasaría a denominarse fiscal general de la República.
“Se sustituirían las siguientes denominaciones: procurador general adjunto del procurador general de la República por fiscal general adjunto al fiscal general de la República; procurador general de Corte por fiscal regional; y procurador por fiscal”, detalla.
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