SANTO DOMINGO.- El sector social acreditado en las discusiones para la elaboración y firma del Pacto Eléctrico, llevó ayer su reclamo de “ilegalidad e ilegitimidad” ante el Tribunal Constitucional (TC), alegando que el Consejo Económico y Social (CES) gestó el referido acuerdo “al margen de la sociedad civil y, lo peor aún, sin respetar las leyes e institucionalidad”.
A través de un comunicado, recordaron que recientemente el Tribunal Superior Administrativo dejó “en un limbo jurídico y sin decisión”, el amparo que habían radicado, y esto obligó a la sociedad civil a acudir por ante el TC, con un recurso de revisión para lograr que se restaure “la institucionalidad violada”.
El Pacto Eléctrico fue firmado el pasado 25 de febrero en el Palacio Nacional, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader con la participación de diversos sectores empresariales, comerciales, religiosos y laborales.
Los reclamantes, integrados por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, (CNLCC), Asociación de Economistas Dominicanos (ANED), Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Federación Dominicana de Cooperativas Eléctricas (Fedocoope), Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (Adeproco), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), Federación de Comerciantes Unión Económica, Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA), Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (Condetre), Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU), Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Articulación Nacional Campesina (ANC), Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), Hermandad de Pensionados/Jubilados de la CDEEE (HEPEJCODEEE), Red Urbano Popular (RUP), y la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), lamentaron “la terquedad del Gobierno y sector empresarial, al insistir en dar por terminado un pacto ilegítimo y anti democrático”.
Finalmente, el sector social anunció que llevará su reclamo hasta las últimas consecuencias, denunciando “la violación de derechos”, y si fuere necesario acudirá a instancias internacionales.
Reiteró al presidente Luis Abinader, a los empresarios y al CES, que “salven el Pacto, sometiéndolo a la legalidad, restableciendo su esencia, que lo es el consenso, la participación y la concertación en un plano de igualdad de todos los sectores que convergen en la voluntad colectiva de una mejor gobernanza democrática”.-
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