SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina encabezó este lunes una reunión en la que se evaluó el cumplimiento de los protocolos obligatorios de prevención del coronavirus establecidos por la Comisión de Alto Nivel, durante la primera fase de la desescalada.
En la reunión, que tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional, el jefe de Estado pasó balance a la primera fase del proceso, que inició el pasado miércoles 20, y los resultados obtenidos a la fecha por las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de los protocolos generales y específicos para cada sector.
En la primera fase, que comenzó el pasado miércoles 20, solo les está permitido operar parcialmente a las empresas de acuerdo a su tamaño y al número de empleados.
Así, en las microempresas, que pueden tener hasta 10 empleados, pueden trabajar hasta 5 empleados o no más del 50% del personal; en las pequeñas, que son aquellas de entre 10 y 50, un mínimo de 10 personas y no más del 50% de su personal.
Mientras, las empresas medianas y grandes tienen permitido operar, como máximo, con el 25% del personal.
Por su parte, el sector público comenzó a laborar también con el 50% del personal, quedando autorizados los incumbentes a incrementar ese porcentaje si las necesidades así lo demandan.
El Gobierno asegura que en todos los sectores, sin excepción, la reapertura ordenada y gradual de las actividades económicas ha venido acompañada de la aplicación de protocolos obligatorios de prevención.
Comisiones mixtas del Gobierno realizan visitas de supervisión a los comercios autorizados a operar, en esta primera fase de la desescalada denominada “Convivir con el COVID-19 de forma segura”, indican en un comunicado.
Las autoridades tienen instrucciones estrictas de vigilar permanentemente y actuar con rigor en caso de incumplimiento de las medidas establecidas, pudiendo llegar a arrestar a los infractores y cerrar los establecimientos con autorización para operar, que no cumplan con las medidas de distanciamiento social e higiene.
Se estableció un protocolo general, en consenso con el sector privado, que incluye, además, de las medidas de distanciamiento, higiene y prevención, la realización de pruebas de COVID-19 y toma de temperatura.
Asimismo, se han establecido protocolos específicos para los diferentes sectores, adaptados a cada una de las actividades.
Desde el pasado 18 de mayo, el horario del toque de queda es de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y los domingos a partir de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana.
Horarios diferenciados
Para evitar las aglomeraciones de las horas pico, el Gobierno también estableció la obligatoriedad de horarios diferenciados.
A las 7 de la mañana, pueden comenzar a operar los supermercados, farmacias, sector construcción, industria y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación.
Igualmente, iniciarán a esa hora la minería y las canteras, la actividad agropecuaria y agroindustrial y la actividad en puertos y aeropuertos, que seguirán recibiendo únicamente transporte de carga y vuelos ferry.
A las 8 de la mañana, inician sus labores los empleados del sector público. Y a las 9 de la mañana, les corresponde a otros comercios como ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confección, además del sector servicios.
De la correcta aplicación de estas medidas dependerá que el país pueda seguir avanzando en las siguientes fases de la desescalada, motivo por el cual el Gobierno está siendo estricto en su cumplimiento.
En la reunión encabezada por el jefe de Estado, en el Salón Privado del Palacio Nacional, estuvieron además Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus; el teniente general Rubén Darío Paulino Sem, ministro de Defensa; el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, director general de la Policía Nacional; Winston Santos, ministro de Trabajo; Anina del Castillo, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), y Jean Rodríguez, procurador general de la República.
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