Por: Mario Rivadulla
De que la democracia, no como simple sistema de elección de gobierno sino como modo de gestión de los asuntos públicos atraviesa por la que posiblemente sea la más grave crisis en la región en la percepción de los ciudadanos acaba de dar una prueba contundente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al afirmar que solo el cinco por ciento de los latinoamericanos consideran que viven en una democracia plena.
Tan decepcionante resultado, según Almagro, es consecuencia del descrédito creciente de la clase política, los altos niveles de corrupción e impunidad por parte de gobernantes deshonestos que a su vez han ido permeando y corrompiendo los estamentos de la sociedad civil y los críticos niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza. En mayor o menor medida son males comunes, que casi sin excepción se dan en los países que conforman la trastienda latinoamericana del Continente.
Sin dudas una figura controversial tanto por sus agresivos pronunciamientos como por las drásticas posturas que ha asumido en determinados momentos, al diplomático uruguayo nadie puede regatearle un profundo conocimiento sobre la realidad hemisférica. En ella conviven regímenes de distinto cariz ideológico, por más que hayan llegado al poder por vía de las urnas, con frecuencia viciados de parcialidad a base de trampeos y prácticas fraudulentas.
Todos, sin embargo, al margen de sus discrepancias ideológicas aparecen unidos por el mismo cordón umbilical de los males señalados por Almagro, y dentro de ellos, resalta la corrupción como mal común, endémico y principal causa de la pobreza y la desigualdad social.
La lista es larga y variopinta, bastando algunos ejemplos: Perú donde varios ex presidentes y figuras políticas en activo han sido sometidos a la justicia bajo graves cargos de corrupción y en algunos casos guardan prisión, de Colombia, con ex funcionarios sancionados por el mismo delito y sobre cuyo ex presidente Juan Manuel Santos pesa ahora la sospecha de haber entrado en contubernio con el masivo entramado corruptor de la brasileña Odebretcht como financista de su campaña. En Honduras, meca del narcotráfico centroamericano, la esposa del ex presidente Porfirio Lobo es hallada culpable de graves actos de corrupción que pudieran significarle una condena por hasta 87 años de prisión, y hasta la ejemplar Costa Rica se han registrado procesos abiertos sobre ex presidentes por la misma razón.
Del otro lado del espectro ideológico el panorama presenta iguales matices con Lula da Silva cumpliendo una larga condena al igual que otros desacreditados dirigentes de su partido y figuras importantes de su gobierno; la Kirchner amparada en su fuero parlamentario para escapar a los múltiples procesos de corrupción que se le atribuyen; el ex vicepresidente ecuatoriano señalado como ficha de confianza de Rafael Correa cumpliendo prisión, mientras este elude la orden judicial de conducencia en su inamovible refugio europeo; Nicolás Maduro, atribuyéndose poderes cada vez más opresivos al frente de un desacreditado régimen minado por la mas desvergonzada corrupción e ineptitud; Daniel Ortega, siguiendo los pasos de “Tachito” Somoza como aventajado alumno a quien ya ha superado; y Cuba donde persiste la más larga dictadura que registre la turbulenta historia del continente donde un escogido grupo de militares maneja la economía, vigila todo amago de disidencia y sirve de soporte al sistema.
Todos han llegado al poder por vía electoral, salvo el cubano que en afanosa búsqueda de imposible legitimidad ha montado simulacros de comicios de partido único y candidatos preescogidos por el Partido Comunista. Todos han utilizado esa misma vía para perpetuarse en el gobierno y cometer todo tipo de fechorías y actos de corrupción, amparados en la impunidad que se han procurado.
Razón y con sobradas razones le sobra al discurso de Almagro al pronunciar la conferencia magistral de “Elecciones íntegras y de calidad, base de la democracia en el siglo XXI”, del que se desprende que ese simple ejercicio electoral a más de transparente tiene que ir acompañado del firme propósito de servir y no de servirse; de gobernar con prudencia, firmeza y apego a la ley; de ser garante de los derechos ciudadanos y las libertades públicas; de combatir la corrupción y sancionar todo hecho ilícito sin importar la militancia política o categoría social de los responsables; de promover el bien común; y de ejercer el poder con visión de estadista y no de político partidista.
De lo contrario, el sistema democrático regional continuará haciendo aguas como tal y perdiendo cada vez más espacio, confianza y apoyo con todos los riesgos que ello pudiera implicar.
Fuente: noticiassin
